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El gobierno intenta sacar del debate político la polémica de los pluses

  • El PSOE traslada a la oposición el nuevo informe e insiste en que es un tema de carácter técnico

El presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, volvió a reunir el miércoles a los portavoces de los grupos políticos con el secretario y el interventor, para dar cuenta del nuevo informe sobre los complementos salariales a la plantilla que cuestionó la Cámara de Cuentas (los premios a la jubilación ordinaria a los 65 años, a la constancia y el modelo retributivo del personal en superior categoría). El criterio del interventor consiste en que no se deberían abonar en la nómina de febrero, ya que considera que el acuerdo aprobado en el último Pleno para permitirlo no tiene los informes previos oportunos y su aplicación necesita del inicio de su tramitación administrativa. En teoría, esos pluses iban a seguir en vigor, en tanto que una comisión técnica busca alternativas, algo para lo que tenía de plazo hasta el 31 de marzo. Ahora, el gobierno está a la espera de nuevos informes.

El gobierno quiso dejar claro que en este asunto -que se desencadenó en diciembre, por las conclusiones de un informe de la Cámara de Cuentas en el que se cuestionaban esos complementos- ha actuado siempre "respetando los informes de los fedatarios públicos", tanto cuando llevó al Pleno el 30 de diciembre su suspensión inmediata como cuando, en la sesión del día 28 de enero, se intentó consensuar una alternativa, también dentro de la legalidad y con el visto bueno de los técnicos, en tanto que la comisión técnica, que analiza otras cuestiones que ha puesto sobre la mesa la Cámara de Cuentas, presente sus propuestas. De momento, parece que en la nómina de febrero sólo se vería afectado aquel personal que cobra en función de ese modelo retributivo para los que ocupan una categoría superior, porque no hay previstos premios a la jubilación o a la constancia por cumplir 20, 25, 30, 35 o 40 años de servicio en este mes.

Fuentes del gobierno socialista insistieron en que se ha buscado la "total transparencia" y que se trata de un asunto de "índole técnica y no política". También descartaron que, como ha apuntado el PP, se esté generando inseguridad jurídica. En este sentido, subraya que el informe de la Cámara de Cuentas hace "recomendaciones y urge" a modificar esos tres complementos y, en función de eso, se actuó con "celeridad y atendiendo" a los informes de los técnicos.

A pesar de la contundente respuesta de la plantilla -que se movilizó desde que, el 30 de diciembre, se aprobó la suspensión de unos pluses recogidos en los convenios laborales y que nadie había recurrido-, el gobierno de Rodríguez Villalobos subraya que, a la vez que cumple con la ley, su prioridad y voluntad política ha sido "garantizar los derechos de los trabajadores", buscando "alternativas y soluciones que compensen la suspensión" de esos tres puntos del convenio colectivo.

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