La delegación provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa ha concedido a la empresa Cobre Las Cruces, sobre cuya dirección recae una imputación por parte de la Fiscalía de Sevilla, la autorización para realizar sondeos prospectivos a la búsqueda de mineral en los términos municipales de Gerena, Sanlúcar la Mayor y Olivares.

La zona sondeada se encuentra en el Corredor Verde del río Guadiamar y en medio de otras dos grandes explotaciones mineras a cielo abierto: la mina Los Frailes, de Aznalcóllar -clausurada definitivamente tras el gran vertido tóxico de 1999- y Las Cruces, gestionada por la empresa a la que se le concede ahora la autorización y cuya actividad ha sido paralizada al detectarse contaminación por arsénico en el agua extraída -y posteriormente reinyectada al acuífero Niebla-Posadas- para acceder al cobre. La Fiscalía, en concreto, aprecia indicios de delitos contra el medio ambiente y daños en la actuación de Cobre Las Cruces, a la que acusa de ocasionar un "peligro para las personas y el entorno".

La asociación Ecologistas en Acción denunció ayer a través de un comunicado que, caso de autorizarse una nueva mina, "los vertidos contaminantes tendrían que ir forzosamente al Guadiamar, afectando directamente al Corredor Verde y a las marismas del Parque de Doñana, por lo que todos los millones de euros de dinero público que se han gastado en estos últimos 10 años no valdrían para nada".

Isidoro Albarreal, portavoz de Ecologistas, anunció a esta redacción la presentación de un recurso contra la decisión de la Consejería, a la que acusó de obviar dicha posibilidad -a diferencia de otros departamento de la Junta- en el anuncio de la autorización concedida, publicado en el BOJA del pasado día 29.