La Junta de Andalucía comienza a recibir buenas noticias dentro del embrollo judicial que rodea al vertido de lodos tóxicos desde la balsa de Aznalcóllar al río Guadiamar hace más de una década. Y las buenas nuevas le llegan desde los tribunales suecos después de recibir a lo largo de estos años hasta tres sentencias contrarias de la Justicia española a sus demandas. La Corte de Apelación sueca, siguiendo el criterio fijado en la sentencia dictada en junio de 2007 por un juzgado de lo Mercantil de Sevilla, ha declarado como ejecutable el embargo provisional de 141 millones de la empresa multinacional para hacer frente al proceso concursal de liquidación (anteriormente denominado de quiebra) de su filial española, Boliden-Apirsa.

Dado que esta última, según fuentes del Gobierno andaluz, contaba con un capital social de 500.000 pesetas (apenas 3.000 euros), era del todo imposible que pudiera hacerse cargo de las responsabilidades derivadas del vertido. De ahí que el Ejecutivo autonómico centrase sus actuaciones contra la empresa matriz, una meta que consigue pasados diez años. Ello es posible gracias a la aplicación del principio de espacio jurídico único europeo, que impide que las empresas multinacionales puedan escapar de la acción de la justicia. El argumento de peso esgrimido por la Junta es que Boliden comparte al ciento por ciento su accionariado con el de Boliden-Apirsa.

La Junta demanda a la compañía minera 89,8 millones de euros por los gastos que supuso retirar los siete millones de metros cúbicos de lodos de los ríos Agrio y Guadiamar, aunque fue necesario invertir 300 millones de euros para recuperar estos cauces en lo que se considera la mayor catástrofe ambiental de la historia de España.

A la cantidad reclamada por el Gobierno andaluz hay que sumar otros 51 millones largos que demandan el resto acreedores -principalmente, el Estado español, más algunos proveedores de la compañía minera- por lo que, en total, la corte sueca acepta embargar 141 millones a Boliden de forma cautelar.

Para continuar con el proceso, y a la espera de conocer con exactitud el contenido literal de la decisión judicial, la Junta y el resto acreedores deberán aportar al tribunal sueco una garantía similar a la que le reclaman a Boliden. Fuentes del Gobierno andaluz indicaron que dicha aportación es consecuencia de que la Junta forma parte como acreedora del administrador concursal de Boliden-Apirsa.

La consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, compareció ayer en rueda de prensa e informó de que el Gobierno autonómico aportará los casi 90 millones solicitados porque, aseguró, la intención de la Junta es "seguir adelante con el litigio hasta que haya una resolución firme".

La titular de Medio Ambiente valoró la decisión judicial como la demostración de que "las multinacionales no podrán escabullirse de sus responsabilidades a través de ingeniería mercantil".

Castillo hizo estas declaraciones desde la prudencia, ya que la Junta, reconoció, no ha recibido aún notificación oficial desde la corte judicial sueca y la información que tiene se reduce a la incluida en una breve nota de prensa publicada en la página web de Boliden, recogida ayer por el diario económico Cinco días.

Castillo consideró que a partir de ahora el caso debe resolverse en Suecia, ya que es allí donde tiene fijada su sede jurídica la multinacional, aunque las fuentes del Ejecutivo andaluz consultadas apuntaron que el proceso seguirá su curso en España, ya que fue aquí donde se produjo el hecho juzgado.

La cotización de las acciones de Boliden experimentó ayer una fuerte bajada superior al 9%, aunque este hecho puede ser atribuible tanto a la decisión del tribunal sueco como a la fuerte crisis que padece el sector minero por la caída mundial de la demanda de metales, como el cobre. En los últimos doce meses, las acciones de la multinacional han pasado de un valor de 117 coronas suecas a sólo 19, lo que supone un descenso del 82%.