Conscientes de que la situación de Villaverde no será la única, la Junta permitirá en breve que los adjudicatarios que no logren financiación para adquirir una VPO puedan acceder a la misma con un alquiler con derecho a compra, mientras que la situación económica cambia o hallan financiación.

Se trata de una de las novedades recogidas en la orden que desarrolla el funcionamiento administrativo del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, que ha sido firmada por el consejero, Juan Espadas, aunque está pendiente de publicación en el Boletín Oficial de la Junta. Según fuentes del departamento, la cuantía del alquiler irá en función del precio final de la vivienda. En cuanto al cambio del régimen por otro con precios de venta más bajos, es posible siempre que lo permitan las características de la vivienda. En el caso del general al especial no debe haber problema, porque el máximo en ambos es de 70 metros cuadrados.

Se da la circunstancia de que la semana pasada, el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, advertía en una resolución que estaba recibiendo numerosas quejas en esta línea, de personas que, pese a "poseer medios económicos para asumir los costes de las hipotecas", las entidades que firmaron el pacto andaluz para financiar el plan 2008-2012 les negaban los créditos para no asumir riesgos. Pero sí se los dan otras entidades que no tienen acceso a la subsidiación de las cuotas de amortización.

Chamizo ha pedido que se convoque la comisión de seguimiento del pacto y ha sugerido que se tomen varias medidas. Entre otras cosas, reclama unos criterios o parámetros de asunción de riesgo "lo más objetivos posible" que permitan "predeterminar" en qué condiciones se va a poder acceder a los créditos; que se cree un órgano de mediación y arbitraje; y que se invite a otras entidades financieras a adherirse al convenio.

El Defensor va más allá y apunta a la "conveniencia" de que el Estado vincule las ayudas del plan de apoyo a la banca a "la asunción real y efectiva de los compromisos adquiridos". También recomienda que se modifiquen "los criterios y el alcance de las ayudas" para hacer frente a las consecuencias de la crisis económica.