El juzgado de Instrucción número 19 de Sevilla ha autorizado los trabajos de inyección y drenaje en el sector 5 del complejo minero Cobre Las Cruces, unas labores que se adoptan por seguridad y que ya fueron aprobadas en su día por la propia Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

La resolución judicial sólo permite reanudar el funcionamiento del sistema de drenaje e inyección del acuífero Niebla-Posadas, que según la querella presentada por la Fiscalía de Medio Ambiente fue contaminado con arsénico.

La decisión de la juez se produce tras analizar los informes aportados por la propia CHG, el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex) y el Instituto Geológico Minero, que ponen de manifiesto que la compañía minera ha adoptado las medidas de seguridad exigidas y no existe riesgo de contaminación de las aguas. Fuentes de la Confederación precisaron ayer que esta medida no implica la reanudación de la actividad minera, que debe ser autorizada por el organismo que gestiona la cuenca y que actualmente sigue estudiando el plan de viabilidad presentado por la filial de la multinacional canadiense Inmet Mining. Además del informe favorable de la Confederación, Cobre Las Cruces necesita la autorización de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía para volver a desarrollar los la actividad de excavación en la corta.

La empresa minera mostró ayer su "satisfacción" por la resolución del juzgado de Instrucción número 19, aunque fuentes de Cobre Las Cruces indicaron que actuarán con "prudencia" y aguardarán a la decisión que pueda adoptar la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir respecto a la vuelta a los trabajos de excavación.

Los trabajadores de Cobre Las Cruces calificaron ayer de "regalo" el auto de la juez y confiaron en que "pronto" vuelvan a permitirse los trabajos de excavación en la que está considerada la mayor explotación minera a cielo abierto de Europa.

Con independencia de la resolución judicial, la titular del juzgado de Instrucción número 19 continúa tramitando la querella de la Fiscalía, que sostiene que Cobre las Cruces ha provocado unos daños globales al dominio público de al menos 322.000 euros, cifra que se obtiene de la detracción y almacenamiento ilegal de agua y la contaminación del entorno.

La Fiscalía de Medio Ambiente considera que la empresa incumplió la autorización concedida en 2003 para drenar el agua del acuífero e inyectarla unos kilómetros más abajo con el fin de hacer viable la extracción del cobre. La CHG consideró en su día que la empresa había incumplido hasta nueve condiciones de la autorización, entre las que destacaba que la explotación carecía de un "plan de contingencias" para prevenir situaciones de rotura o inoperatividad de las instalaciones y, en consecuencia, de un vertido accidental.