El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Francisco Tapia, no puso ayer objeciones a que la compañía minera Cobre-Las Cruces pueda desembalsar las aguas que tiene depositadas en sus instalaciones de Gerena, Salteras y Guillena a zona de dominio público marítimo terrestre si "reúnen las condiciones adecuadas".

En declaraciones a Europa Press previas a su participación en el Taller sobre Agricultura y Buen Estado Ecológico celebrado ayer en Sevilla, Tapia dijo que es la Consejería de Medio Ambiente la que tiene que emitir la autorización para dar luz verde a dicho vertido de aguas. No obstante, será la juez que instruye la querella presentada por la Fiscalía de Medio Ambiente contra la empresa quien deba valorar y permitir el citado vertido.

La delegación provincial de la Consejería de Medio Ambiente, de hecho, ha elevado al Juzgado de Instrucción número 19 de Sevilla la petición formulada a dicho departamento por la compañía, que lleva a cabo el mayor proyecto minero a cielo abierto de toda Europa. La empresa aduce que las balsas en las que están depositadas las aguas están próximas a su límite de almacenamiento a cuenta de las interrupciones sufridas en el sistema de drenaje y reinyección en el acuífero Niebla-Posadas.

Ecologistas en Acción, organización que está personada en la causa como parte interesada en el proceso y que ha depositado 6.000 euros de fianza, se niega a dicha solicitud y propone que la mina reinyecte en el acuífero toda el agua que ha extraído para poder acceder al cobre, como se preveía en el proyecto inicial. También solicita que se aumenten las labores de sellado del acuífero en el fondo de la corta minera para que disminuya el flujo de generación de aguas ácidas, "hasta que la empresa sea capaz de garantizar un proyecto creíble, seguro y aprobado con todas las garantías de información pública".