En Guillena, Gerena y Salteras -los tres municipios sobre cuyos términos municipales se desarrolla la construcción de la mina Cobre Las Cruces- "el número de desempleados es de 2.549 personas, 300 de ellas trabajadores del sector minero". Éste es el argumento que el PP maneja para exigir a la Junta de Andalucía el reinicio de la actividad en dicha explotación, suspendida desde el 12 de mayo por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) por el presunto incumplimiento de los requisitos por los que se autorizó la mina y por la supuesta contaminación del acuífero Niebla-Posadas con sustancias altamente nocivas.

María Eugenia Romero, vicesecretaria de Relaciones con los Movimientos Sociales del PP de Sevilla, cree que la Administración "no puede demorar por más tiempo" su respuesta a la empresa, que en octubre pasado solicitó el reinicio de la actividad con la presentación de un plan que modifica el proyecto inicial. Con el Estatuto, las competencias de la CHG han pasado a la Agencia Andaluza del Agua (AAA), que debe pronunciarse aún sobre dicho plan, aunque para ello debe ser publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Sevilla.

La Fiscalía de Medio Ambiente presentó en septiembre una querella contra los responsables de la mina que se tramita en un juzgado sevillano, aunque el PP "confía en que la empresa, tras lo que pasó, haya salvado esos escollos porque no queremos otro Aznalcóllar", dijo Romero en alusión al vertido tóxico de 1998.

La dirigente del PP también arremetió contra el presidente de la Diputación Provincial, Fernando Rodríguez Villalobos, por no agilizar la publicación del citado plan en el BOP: "Que trabaje por Sevilla y no lo bloquee para evitarle problemas a Chaves".