El ex alcalde de Guillena Justo Padilla (PSOE) aceptó ayer una condena de siete años de inhabilitación especial como autor de un delito de prevaricación por omisión, al no haber impedido la proliferación de construcciones ilegales en la urbanización de los Lagos del Serrano, una zona calificada como suelo no urbanizable de especial protección forestal. El ex regidor aceptó los hechos y evitó la celebración del juicio, que se iba a celebrar hoy en el juzgado de lo Penal número 12 de Sevilla.

La Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico había pedido inicialmente una condena de un año de prisión para el ex alcalde, pero tras la conformidad mostrada por Justo Padilla con los cargos, el Ministerio Público ha retirado la petición de prisión y ha reducido de ocho a siete años la condena de inhabilitación, por lo que, según la condena, no podrá ejercer como alcalde, concejal o desempeñar un cargo público relacionado con la concesión de licencias urbanísticas.

El Ministerio Público imputó a Padilla un delito de prevaricación urbanística por omisión, al entender que no atajar la proliferación de los chalés, cobró tasas y no impidió la electrificación de las viviendas.

La Consejería de Medio Ambiente abrió en el año 2003 un expediente a la urbanización de los Lagos del Serrano por el movimiento de tierras, la parcelación, electrificación de viviendas y la tala de árboles. Los parcelistas hicieron caso omiso de la declaración de la zona como suelo no urbanizable porque decían que contaban con el apoyo verbal del alcalde. Un informe de la Policía remitido al juzgado en noviembre de 2004 puso de manifiesto que 186 de las 990 parcelas ya estaban construidas y en las mismas se podían haber hecho fosas sépticas que, según el documento, podían contaminar con aguas fecales el subsuelo, los acuíferos subterráneos y el embalse de Cala, que abastece a la mayor parte de la provincia.

Ésta es la primera de las tres causas judiciales que tiene abiertas actualmente el ex alcalde de Guillena por delitos urbanísticos. La Fiscalía también reclama otra condena de 45 meses de prisión y ocho años de inhabilitación para Justo Padilla por otro delito de prevaricación, por haber concedido supuestamente varias licencias de obra para la construcción de naves en el polígono industrial El Cerro, cuando el suelo todavía estaba calificado como zona verde. El ex alcalde también ha manifestado su intención de llegar a un acuerdo con la Fiscalía para evitar este nuevo juicio.