El Juzgado de lo Social número ocho de Sevilla ha condenado al Ayuntamiento de El Cuervo, gobernado por Juan Garrido (IU-CA), y a la tercera teniente de alcalde y concejal de Tercera Edad, Género, Juventud, Salud, Inmigrantes y Discapacitados, María Inmaculada Cordero Pérez, a cesar su "actitud acosante" sobre una psicóloga adscrita al área de Servicios Sociales a la que habrán de indemnizar con 11.970 euros por la "vulneración" de sus derechos a la integridad física y moral, según una sentencia emitida el 23 de diciembre.

El fallo, en concreto, rememora que esta psicóloga del Ayuntamiento y una educadora social, igualmente, elevaron una demanda ante el Juzgado de lo Social número diez como consecuencia de la rebaja de su jornada laboral de 35 a 26,15 horas con la consiguiente reducción de sus salarios, toda vez que se trataba de "las únicas trabajadoras" afectadas por este recorte de jornada laboral aplicado por el Consistorio, finalmente condenado en octubre de 2009 por sentencia firme a reponer las condiciones laborales de las demandantes.

En paralelo, recoge la sentencia del Juzgado de lo Social número ocho que desde la incorporación de María Inmaculada Cordero Pérez a sus responsabilidades de gobierno tras las elecciones municipales de 2007, ha emitido "juicios de valor negativos" sobre el trabajo de la psicóloga del Ayuntamiento, además de "sustraerle tareas que le eran propias" y de dejar de convocar "reuniones a las que era precisa su asistencia". Este extremo, según los hechos probados, era conocido por el alcalde, quien no impulsó "medida alguna para evitar" la "merma de la calidad laboral" de la trabajadora y el "perjuicio para la salud" que sufría.

De hecho, el 9 de marzo de 2009 la psicóloga causó baja por contingencias comunes, -situación que hoy día mantiene-, al sufrir "llanto incontenido, trastornos de concentración, taquicardias, elevada ansiedad y autoestima muy baja". Dado el caso, le fue diagnosticado un trastorno adaptativo mixto con síntomas ansioso y depresivos siendo el causante del mismo "el componente laboral".

Tras el juicio, el Juzgado de lo Social número ocho declara "vulnerado" el derecho de esta trabajadora a la integridad física y moral y condena al Ayuntamiento y a la concejal María Inmaculada Cordero Pérez (IU-CA) a cesar la "actitud acosante" sobre la demandante, a la que tendrán que indemnizar con 11.970 euros.

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de El Cuervo, Silvestre Castells, consideró al respecto que esta concejal debe dimitir a cuenta de su "escandaloso historial de acoso y 'mobbing' al frente del área de Servicios Sociales". En solo dos años y medio, "se han producido la renuncia del director de Servicios Sociales y de otros trabajadores sustitutos; y bajas por depresión del asistente social, de la educadora social y de su sustituto, y por último, una baja de la propia psicóloga municipal".

Además de las dos denuncias anteriores, según el dirigente popular, existe otra denuncia "también por acoso laboral del educador social y podrían presentarse también denuncias también de la educadora social y la psicóloga municipal por despidos improcedentes". Igualmente, lamentó la "actitud abusiva y prepotente de la delegada en ese caso de acoso, pues según la sentencia, toda esta actuación se llevó a cabo con el conocimiento del señor alcalde, sin que éste hiciese nada por evitarlo, por lo que también podemos decir que tiene responsabilidad en este caso".

Así, reclamó su dimisión o "cese inmediato" por parte del alcalde, porque de lo contrario, el portavoz popular exigirá en el próximo pleno la dimisión del alcalde "por apoyar y proteger la política de acoso moral de esta delegada hacia los trabajadores municipales". Finalmente, reclamó que el alcalde y la edil asuman la indemnización para que no recaiga en las arcas municipales.