La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha revocado el auto del juzgado mixto número uno de Sanlúcar la Mayor que decretaba el archivo de la causa incoada contra el alcalde de Espartinas, Domingo Salado (PP), por supuestas infracciones penales de prevaricación por concesión indebida de licencia y contra los derechos cívicos a cuenta de una operación urbanística en la que se incluyó la ampliación de una vivienda de su propiedad, según un auto que reabre las diligencias.

La causa, archivada mediante un auto emitido el pasado 9 de octubre de 2009 por el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Sanlúcar la Mayor, parte de una denuncia de la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Espartinas, Matilde Marín, quien advertía de que una "ampliación" de la vivienda del primer edil contravendría las normas urbanísticas y durante la tramitación del proyecto el alcalde, según el PSOE, no se había abstenido de votar.

En la denuncia, la portavoz socialista relataba que entre 1999 y 2002, diversos vecinos de la urbanización La Juliana solicitaron sin éxito la adquisición de unas fincas de titularidad municipal que lindaban con sus viviendas al objeto de ampliarlas, pero "el Ayuntamiento se negó en todo momento". El propio alcalde, no obstante, es uno de los propietarios de las viviendas que se alzan en esta urbanización ahora bautizada como 'Capitán General Gutiérrez Mellado'.

Pese a que el Ayuntamiento alegaba las normas urbanísticas para tal denegación, según figuraba en la denuncia, el Ayuntamiento vendió los suelos a la promotora Acimentar SL en 2003 y aprobó su proyecto de urbanización, al que siguió un proyecto de parcelación del que resultaron 40 parcelas. El proyecto urbanístico fue así tramitado por el Ayuntamiento y, en concreto, la parcela 24 "vio aumentada su edificabilidad y mejoradas sus condiciones", finca que fue finalmente "vendida" por Acimentar al propio alcalde por 39.065,79 euros.

El PSOE entendía, así, que el alcalde tenía "un interés directo" en la aprobación de los proyectos reformados entregados por Acimentar SL al Ayuntamiento, aunque el juzgado mixto número uno de Sanlúcar archivó diligencias después de que Salado declarase como imputado el 3 de julio.

La Fiscalía se adhiere al recurso

Matilde Marín recurrió en noviembre de 2009 el auto de sobreseimiento cosechando la adhesión del Ministerio Público a su petición de que las diligencias fuesen reabiertas. La Fiscalía, en ese sentido, solicitaba además que se solicitará a la Dirección General de Inspección de la Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda que se pronunciase en cuanto a la "legalidad de lo construido y lo denunciado", toda vez que el recurso de apelación del PSOE advertía de que la licencia de obras que el alcalde "se auto concedió el 30 de junio de 2006 es de fecha anterior a la supuesta junta de gobierno que aprobó y concedió" tal licencia, remitiéndose a los informes del secretario y la arquitecta municipal.

El auto de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, fechado el 21 de mayo de 2010, revoca la decisión de archivar las diligencias y ordena "continuar la causa para agotar la investigación", por lo que ordena además que la Dirección General de Inspección de la Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda informe sobre las actuaciones denunciadas y que el alcalde y Acimentar S.L. aporten el contrato de compraventa de la parcela en cuestión.

Y es que la Audiencia provincial entiende que si bien median "informes de los técnicos municipales que avalan la actuación" del alcalde, "no es menos cierto que la obra finalmente ejecutada por el imputado ha sido objeto de diversas actuaciones del equipo municipal que vienen a modificar una previa decisión que perjudicaba los intereses de aquel", así como que existen "aparentes contradicciones" en los actos administrativos denunciados.