El titular del juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla, Oscar Saiz, ha resuelto finalmente la apertura de procedimiento abreviado contra el alcalde de Gerena, Jacinto Pereira (PSOE), los restantes cuatro concejales socialistas miembros de la Junta local de Gobierno y el secretario del Consistorio, Juan Alfonso R.L., a cuenta de un posible delito contra la ordenación del territorio cometido, supuestamente, al conceder en 2008 una licencia de obra mayor para una edificación que, según las normas subsidiarias de urbanismo, sólo podía albergar trabajos "de carácter provisional".

En concreto, y a través de un auto emitido el 23 de noviembre, el juez Oscar Saiz resuelve la "incoación del procedimiento abreviado" contra el alcalde, el secretario del Ayuntamiento de Gerena y los tenientes de alcalde Margarita G.N., Juan M.B., Esther P.B. y Álvaro N.G. Todos los citados concejales socialistas eran miembros de la Junta local de Gobierno cuando el 17 de junio de 2008, este órgano municipal concedió una licencia de "obras mayores" en favor de Agustín F.G. para "la reforma y ampliación" de la vivienda enclavada en el número uno de la calle Jilguero.

El juez considera en este auto que todos ellos, actualmente imputados en estas diligencias, "conocían perfectamente" que en el plan parcial número cinco, bautizado como 'Los Zarzalejos' y donde se ubica la vivienda en cuestión, las normas subsidiarias de planeamiento urbano "sólo" admitían "usos y obras de carácter provisional, no definitivas como la pretendida", al menos "hasta que se aprobara en planeamiento en desarrollo".

Informe contrario del arquitecto municipal

El auto recuerda que la licencia cosechó el informe favorable del secretario, incluido en la incoación del procedimiento abreviado, pero rememora también que el arquitecto municipal informó "desfavorablemente" sobre la concesión de la licencia, "como en otras ocasiones anteriores en las que no se había atendido su criterio". El informe del arquitecto municipal, así, advertía según este auto de que la licencia era "contraria a las normas vigentes", un dictamen emitido "en idéntico sentido" a la posición de la Inspección del Territorio, Urbanismo y Vivienda de la Junta de Andalucía.

"Los hechos narrados pueden ser calificados como constitutivos de un delito contra la ordenación del territorio", señala el juez en su auto de incoación de procedimiento abreviado, un documento en el que reclama a la Fiscalía y a la acusación popular, ejercida por los concejales del grupo Independientes por Gerena (IPG), que se posicionen formulando sus escritos de acusación o solicitando el sobreseimiento de la causa.