Los ex consejeros del Real Betis José Miguel López Catalán y Ángel Haro, que este jueves dimitieron de sus cargos, han presentado una candidatura para recabar apoyos de los accionistas ante la junta general extraordinaria del día 23 y que pretende "ofrecerle seguir en la presidencia" a Juan Carlos Ollero.

Sin embargo, los dos ex dirigentes béticos han asegurado este viernes en rueda de prensa que "nunca" formarían parte "de un consejo presidido por (Manuel Ruiz de) Lopera o (Manuel) Castaño", que son precisamente los dos máximos accionistas del club y quienes, previsiblemente, se harán con el control de la entidad en dicha asamblea.

López Catalán y Ángel Haro dicen aglutinar un 5,5% del capital social del Real Betis, mientras que Ruiz de Lopera posee casi el 20% de los títulos a través de la empresa Farusa y cuenta además con el apoyo de quien fuera su vicepresidente, Manuel Castaño, que tiene un paquete de alrededor del 7%. "La idea de Betis que propone Castaño no nos gusta", ha asegurado el empresario José Miguel López Catalán, quien ha pedido apoyo "a los pequeños accionistas para que se impliquen en construir el mejor Betis de la historia, en poner al Betis arriba en la clasificación sin perder más tiempo".

Este ex consejero ha reconocido que "está claro" que las riñas internas por el poder provocan que "al Betis se le considere ahora un club débil institucionalmente", motivo por el que espera que "los béticos miren al futuro sin vencedores ni vencidos". Haro y López Catalán han dimitido como consejeros del Betis para escenificar la no injerencia de los dirigentes en la recogida de apoyos que han iniciado de cara a la junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará el 23 de septiembre, cuyo único punto del orden del día es la renovación del consejo de administración. A esta junta, convocada tras revocar en julio la Audiencia Provincial de Sevilla las medidas cautelares que determinaban desde 2010 la gobernanza del Betis, sólo acudirá el 68,62 por ciento del accionariado, ya que el 31,38 restante, cuya propiedad se litiga en los tribunales, tiene suspendidos los derechos políticos.