La juez Mercedes Alaya, titular del Juzgado número 6 de Sevilla, que lleva la demanda por presunto delito societario presentado contra el máximo accionista del Betis, Manuel Ruiz de Lopera, por la asociación 'Por nuestro Betis' (PNB) y la Liga de Juristas Béticos (LJB), ha emitido un auto en la que admite las pruebas propuestas por ambas asociaciones, relativas a la venta de los derechos televisivos del club verdiblanco para el periodo comprendido entre la actual temporada y la campaña 2013-2014.

En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, se ordena a la Unidad Central Operativa del Grupo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil, para que requiera a los representantes legales de la entidad Encadesa y del Real Betis Balompié, "para que aporten a la mayor brevedad el contrato firmado entre esa sociedad y Sogecable, el 22 de octubre de 2007".

El mismo, comprende el periodo de cinco temporadas antes indicado. Igualmente, se insta a la Guardia Civil para que requiera al presidente del Betis (Pepe León) con el fin de que también "a la mayor brevedad aporte copia, debidamente legitimada por el secretario del consejo de administración, del libro de actas" de la sociedad "desde su constitución hasta el día de la fecha".

Todo ello nace de la necesidad, defendida por las entidades demandantes, de que "es de especial interés para la instrucción de la causa conocer si siguen existiendo relaciones contractuales" entre el Betis y las empresas Tegasa y Encadesa --que han sido vinculadas al propio Lopera-- "con posterioridad al día 1 de julio de 2008" o, lo que es lo  mismo, si las mencionadas empresas continúan vinculadas a la gestión del club heliopolitano.