Los pasos que venía marcando el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, el correspondiente a Mercedes Alaya, se cumplieron ayer a la perfección con el sí de Rafael Gordillo a la juez. Ésta dejó en manos de una estructura tricéfala, compuesta por un jurista experto en Derecho Mercantil, Juan Manuel González Porrúa, un economista y auditor de cuentas, Luis Carlos Ruiz de Huidobro de Carlos, y un experto en materia deportiva, Rafael Gordillo, la administración judicial del paquete mayoritario de Farusa.

La juez apunta que los acuerdos de los mismos relativos a sus funciones se adoptarán mancomunadamente al menos por dos de ellos, y siempre con el voto favorable de Juan Manuel González Porrúa.

Alaya razona jurídicamente en tres puntos su decisión, partiendo del auto que dictó el pasado 16 de julio, por lo que en primer lugar justifica su medida pasada de prohibir a Farusa de disponer de las acciones del Betis para evitar que pudiera perpetuarse la presunta administración desleal.

En segundo lugar, la juez plantea la necesidad "imprescindible para el normalizado desenvolvimiento de la sociedad deportiva" de acordar la medida de la administración judicial sobre dichas acciones y con esa intención "que ahora se arbitra sustituye en las facultades de gestión de dichas acciones a su titular con el doble objetivo de conservar dicho paquete accionarial y su eventual productividad, y ejercitar sus derechos administrativos primando el interés de la sociedad".

En tercer lugar, apunta que "la administración judicial de este paquete accionarial deberá comprender el ejercicio de cuantos derechos políticos y económicos correspondan al titular del mismo", para lo que a título informativo apunta las siguientes facultades: "El derecho a voto en las Juntas Generales, impugnación de acuerdos sociales, ejercicio del derecho a la información general, elección de miembros del Consejo de Administración, participación en su caso en dicho órgano social de conformidad con la cifra de capital social que representan e impugnación de los acuerdos del citado, la participación en el reparto de las ganancias sociales si las hubiera y cualquier otras que se estimen necesarias para la buena administración de las acciones y el mantenimiento del valor y productividad de las mismas". 

Además, añade la juez que, sin ser exhaustiva, esta instructora añadiría una más: "Propiciar el mantenimiento y la consecución de acuerdo con el interés de la sociedad, y por los cauces legales, de las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias que hayan sido debidamente convocadas".

Alaya precisa también que para el adecuado funcionamiento de esta medida cautelar, los administradores deberán rendirle cuentas mensualmente y consultarle cualquier duda sobre el alcance y extensión de sus facultades. 

Por último, la juez dispone que se ponga la resolución en conocimiento del Consejo Superior de Deportes y del consejo del Betis, para lo que libra al efecto oficio a la Guardia Civil, con la expresa advertencia a los integrantes de dicho consejo de que si impidieran u obstaculizaran cualquiera de las facultades de los adminitradores judiciales, incurrirían en las responsabilidades penales a que hubiere lugar.

"Se ha ejecutado lo que se apuntaba en las medidas cautelares para que las acciones de Farusa estén representadas y se nombra un administrador judicial de las mismas, tres en este caso. Es otra oportunidad más al actual consejo para que se sume a esto. La decisión de la juez es prudente y esas decisiones son las mejores. Ahora hay que esperar a que se celebre una junta", apuntó Adolfo Cuéllar, de la Liga de Juristas.