La Fiscalía de Sevilla, con María José Segarra a la cabeza, recurrió ayer el nombramiento de los tres administradores judiciales para las acciones de Farusa, a la vez que pidió que se revoque y se deje sin efecto dicho nombramiento. Esta actuación de la Fiscalía no coge por sorpresa, ya que en su día también recurrió el auto de la juez Mercedes Alaya del pasado 16 de julio en el que se tomaron las primeras medidas cautelares y el nombramiento de la administración judicial no deja de ser una ampliación de las medidas decretadas anteriormente.

La Fiscalía, que recurre directamente ante la Audiencia provincial y no ante el juzgado instructor y pide que este último recurso se debata de manera conjunta con el que presentó para oponerse a la intervención judicial, argumenta en su recurso que la presunta gestión fraudulenta de Manuel Ruiz de Lopera en el Betis no se puede demostrar hasta que los peritos judiciales no concluyan su informe, ya que hasta ahora solo han presentado el que abarca los años 1993 a 1998 y tienen pendiente de entregar el referido al periodo entre 1998 y 2008. Por ello, el recurso hace referencia a la "dudosa tipicidad penal" de los hechos que la juez imputa al hasta ahora máximo accionista del Betis. 

La Fiscalía de Sevilla, que inicialmente presentó en 2008 la denuncia contra Ruiz de Lopera por delito societario, decidió en mayo pasado pedir el archivo de todo lo investigado entre 1993 y 1998 por considerar que los delitos se habían cometido hace más de diez años y estaban prescritos. La juez lo rechazó porque la prescripción para este tipo de delitos es de quince años, en un auto en el que sostuvo que el denunciado "ideó un plan" para apoderarse de patrimonio del club, dentro del cual los peritos judiciales han cifrado en 12,4 millones de euros los perjuicios causados al Betis.

El recurso de la Fiscalía ya era conocido por los administradores judiciales cuando al mediodía de ayer se reunieron con las plataformas opositoras personadas en la causa contra Lopera para explicarles el encargo judicial que les otorgó la juez Alaya, a la vez que señalaron las medidas que han ido tomando en los últimos días. En dicho encuentro, además de Rafael Gordillo, Juan Manuel Gómez Porrúa como administradores, asistieron Adolfo Cuéllar y José Rodríguez de la Borbolla de la Liga de Juristas Béticos, Hugo Galera y Manuel Serrano de Béticos por el Villamarín y Cayetano García de la Borbolla y José Antonio Tirado de Por Nuestro Betis. El encuentro se prolongó durante dos horas y la cordialidad fue la nota predominante y los administradores comunicaron a los representantes de las plataformas opositoras el compromiso adquirido la semana pasada por algunos consejeros de fijar una Junta Extraordinaria de accionistas cuanto antes.

"Él nos apuntó el acuerdo al que llegaron con algunos consejeros, pero nosotros somos algo más escépticos, después de lo visto en todo este tiempo. Además, les hemos comunicado que nosotros ya tenemos pedida una junta a través de una demanda y que si el 25 de agosto no se convoca la junta por el consejo nos personaremos en septiembre para solicitar que se celebre cuanto antes", manifestó José Antonio Tirado, que también indicó una de las inquietudes de las plataformas que se le hizo llegar a los administradores: "Les hemos dicho que nuestra preocupación pasa por las manos en las que ahora está el Betis para realizar los fichajes o las ventas, tanto por el señor Oliver como por León y compañía".

"Tenemos el compromiso de cuatro consejeros de que se va a convocar una Junta Extraordinaria. Nos dijeron que sí y así que lo tienen que cumplir", fue lo apuntado por Gordillo a la salida de la reunió, algo parecido a lo que manifestó Gómez Porrúa.