Dos de los administradores judiciales de las acciones del máximo accionista del Betis, Manuel Ruiz de Lopera, se han entrevistado este miércoles con la juez que investiga un presunto delito societario en la gestión del club, al cumplirse el primer mes de su nombramiento.

Fuentes del caso han informado de que el exfutbolista Rafael Gordillo y el abogado Juan Manuel Gómez Porrúa han acudido este miércoles al Juzgado de Guardia de Sevilla, donde la juez de instrucción 6 se encontraba de guardia, y se han entrevistado con ella por espacio de unos veinte minutos.

Aunque no ha trascendido el contenido del encuentro, se ha producido cuando la juez acaba de incorporarse al juzgado tras sus vacaciones y al cumplirse el primer mes de la designación de los administradores por auto del pasado 3 de agosto, en el que les pidió ser informada de las gestiones realizadas una vez al mes.

La juez de instrucción 6 investiga un presunto delito societario de Ruiz de Lopera como máximo accionista del Betis y nombró como administradores judiciales, junto a Gordillo y Gómez Porrúa, al auditor de cuentas Luis Carlos Ruiz de Huidobro.

Los dos primeros han mantenido a lo largo de los últimos treinta días reuniones con los actuales mandatarios del Betis y con las asociaciones opositoras a Lopera que ejercen la acusación particular en el caso.

La juez entregó a estos tres administradores los derechos sobre el 53 por ciento de las acciones del Betis que posee Ruiz de Lopera, que le fueron intervenidas tras su declaración como imputado del 14 de julio.

El auto de designación de los administradores les asignó un abanico de facultades que incluyen "el derecho a voto en las Juntas Generales, impugnación de acuerdos sociales, ejercicio del derecho a la información general, elección de miembros del Consejo de Administración, participación en su caso en dicho órgano social de conformidad con la cifra de capital social que representan e impugnación de los acuerdos del citado Consejo".

Además, señaló que podrán "participar en el reparto de las ganancias sociales si las hubiera y cualquier otras que se estimen necesarias para la buena administración de las acciones y el mantenimiento del valor y productividad de las mismas".