El Juzgado de Primera Instancia número 50 de Madrid ha condenado a un cirujano plástico y a una clínica privada de estética a abonar 7.455 euros a una paciente por la inexistencia de un adecuado y suficiente consentimiento informado en una intervención de un implante mamario PIP, de la empresa francesa Poly Implant Prothèse. Según reza la sentencia, tramitada por la Asociación del Defensor del Paciente, con fecha 20 de abril de 2001, M.M.N.S., de 45 años de edad en la actualidad, se realizó una intervención de mastopexia bilateral con prótesis complementarias de PIP practicada por el doctor P.D., en la entidad C.C.M., SL. La Asociación ha explicado que ante el mal resultado obtenido, seis meses después, el doctor D.T.L. intervino a M.M.N.S. para practicar un retoque y aumento de la prótesis, también con un implante PIP.

Con fecha 18 de marzo de 2008, M.M.N.S. acudió a varios centros médicos por problemas en sus mamas, se realizó diferentes estudios con los que se descubió la rotura capsular de prótesis derecha con colección líquida, probablemente inflamatoria periprotésica. Con fecha 23 de mayo de 2008, M.M.N.S. fue intervenida nuevamente, esta vez por el doctor A.P.G., puesto que se comprobó la rotación del implante izquierdo y la rotura del derecho, sustituyendo las prótesis por unas de los Laboratorios Allergan.

Los demandantes basaban su demanda en una negligencia del doctor cirujano al practicar la intervención quirúrgica y la inexistencia de un adecuado y suficiente consentimiento informado. Según el Juzgado, se estima "acreditada la rotura de la prótesis mamaria derecha, un hecho reconocido por la parte demandada" e igualmente se reconoce también "la rotación completa del implante izquierdo". Sin embargo, considera que hay "contradicción absoluta" entre los informes que presentan ambas partes "y la carencia de otra prueba" que pudiera llevar a apreciar "mayor certeza" en las conclusiones, y atendiendo al tiempo transcurrido entre la intervención y la rotura de la prótesis, "no cabe estimar acreditado que tenga su causa en la mala praxis" del doctor demandado.

Por otro lado, el tribunal destaca que "si bien el deber de información por parte del profesional médico es predicable de todo acto médico, este deber se acrecienta aún más y adquiere particular relevancia y rigor cuando se trata de una intervención estética", como el caso presente. "La intensificación de la obligación de informar al paciente, que hace que esta obligación adquiera perfiles propios en la medicina satisfactiva, se plasma especialmente en el contenido del deber de informar", añaden, al tiempo que resaltan que hay que informar sobre los riesgos, "incluso de los infrecuentes o poco probables". De este modo la sentencia establece que "se considera razonable condenar a la parte demandada al abono del importe de la mastopexia con prótesis que se vio obligada a realizar como consecuencia de la rotura del implante mamario derecho, riesgo del que no consta hubiera sido informada".

La mujer indemnizada, satisfecha después del "calvario"

La mujer que sufrió la rotura de una prótesis está satisfecha con la sentencia tras el "calvario" que ha pasado, y anima a todas las afectadas a denunciar si no solucionan sus problemas. Mari Mar, de 45 años, ha mostrado su "alegría" por esta resolución que le da la razón, pero ha mostrado su disconformidad con la indemnización, casi 7.500 euros, que ha considerado "muy baja para todos los gastos y daños morales" que le ha supuesto la rotura de una de sus prótesis mamaria de PIP, que le fueron implantadas sin la suficiente información.

"Que el juez diga que 500 euros cubren los daños morales, me parece patético", señala esta mujer, que dice que no quiere mostrar su rostro ante los medios de comunicación "por privacidad". "Pero bueno, gracias a Dios la hemos ganado, por lo menos nos han dado la razón porque he pasado un calvario. Fueron dos operaciones, luego la tercera; fue una operación urgente y yo no me quería operar por los mismos cirujanos y además no todos los cirujanos se querían hacer cargo de arreglar este problema", comenta Mari Mar. Y sigue dando gracias a lo divino porque conoció al cirujano que ha conseguido solucionarle el problema: "Antonio Porcuna", repite en varias ocasiones, porque, dice, "es el mejor".

Mari Mar asegura que se vio "sola con este problema", que ha conseguido solventar en los tribunales y por ello se ha sumado a la lucha que mantienen otras afectadas. "Cuando me he enterado de que hoy en día son 15.000 mujeres en España con este problema, más las que hay fuera del país, es que me pongo en el lugar de todas ellas. Yo lo viví sola, yo doy gracias a Dios por tenerlo solucionado", insiste. Por eso las anima a que denuncien si es preciso: "Que si las clínicas se hacen responsable del tema -comenta- pues vale, pero si no, pues que los demanden, que les hagan un cambio de prótesis por una prótesis como Dios manda y las dejen bien porque la salud no tiene precio y si no se hacen cargo de esta situación que los lleven a los Juzgados". "Se quieren lavar las manos y no puede ser así, tanto por parte de los fabricantes como de los médicos que las han implantado, porque implantaron prótesis de menor calidad para ganar dinero y sacar las mayores ganancias", denuncia.

El abogado de Mari Mar, Antonio Navarro, también ha mostrado su satisfacción por la sentencia porque su defendida "lo ha pasado muy mal y porque además "es la primera sentencia en la que dan la razón a una señora por el tema del consentimiento informado". Se trata de una resolución, que en su opinión, "abre un camino para la reclamación" cuando el médico y la clínica que las han utilizado no han dado la suficiente información sobre las prótesis y sus riesgos.