La intención del Ejecutivo local de Sevilla de limitar el uso de sillas plegables en la vía pública durante el transcurso de la Semana Santa topó ayer con el posicionamiento del socio minoritario de gobierno, IU, que rechazó de modo contundente la iniciativa por motivos legales -las dudas jurídicas para articular la prohibición del uso de las sillas en una acotación temporal- y también sociales -ya que repercutiría en las capas poblacionales con menores recursos que no pueden costearse el pago de sillas en la carrera oficial-.

Así se pronunció ayer en declaraciones a este periódico el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos (IU), quien calificó de "respetable" la opinión de la delegada de Fiestas Mayores, la socialista Rosamar Prieto, para proceder a regular el uso de las sillas plegables pero consideró que "ni se puede prohibir a nadie que descanse en una silla plegable en la vía pública, ni se debe hacer, porque entraría en conflicto con quienes lo hacen pagando en las sillas y palcos de la carrera oficial".

Para Torrijos, lo "urgente" y "necesario" es el establecimiento de un Plan General de Seguridad y Evacuación en Semana Santa que "garantice los flujos peatonales y de acceso de vehículos de emergencia" y también "que determine los espacios libres y su uso", un protocolo que, remachó, no existe en la actualidad.

El también portavoz de Izquierda Unida se refirió a los intentos de ampliación de la carrera oficial auspiciados por el Consistorio para permitir el acceso de un mayor número de público, que está todavía pendiente de negociación con el Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla, que persiste en poner "números clausus" a las sillas, matizó. Rosamar Prieto anunció el pasado lunes la necesidad de regular el uso de las sillas plegables por los problemas de seguridad que presentan y la habilitación de espacios donde su uso estará prohibido.