La tesis oficial del nuevo gobierno local, presidido desde el pasado día 11 de junio por Juan Ignacio Zoido, afirma que la estructura de alto mando del Ayuntamiento de Sevilla, que gobierna en solitario el PP gracias a su rotunda mayoría absoluta de 20 ediles, va a guiarse a partir de ahora por la "profesionalidad y la austeridad". El primer principio implica, según su planteamiento, que la mayoría de los puestos de alta dirección del Consistorio (de perfil político) sean ocupados preferentemente por funcionarios de carrera (en la administración local, aunque sin descartar las demás). La segunda cuestión obliga a que sus sueldos brutos anuales sean coherentes con la política de contención del gasto que, como consecuencia de la actual crisis económica, debe guiar la gestión pública.

La propuesta de retribuciones que la Alcaldía llevará hoy a aprobación al Pleno (salvo modificación de última hora, como se ha hecho ya en otras dos ocasiones previas con los asuntos de organización interna) responde de forma algo sui géneris, o cuanto menos dispar, a estos dos principios. La Corporación tiene previsto discutir hoy en una sesión extraordinaria las asignaciones económicas que cobrarán los tres grupos municipales, el sueldo del regidor y todos los ediles, y la fórmula jurídica concreta diseñada para sacar adelante la idea del alcalde de situar a una serie de funcionarios en la cúspide política de la administración municipal.

En el caso de los salarios de los capitulares, la regla de la austeridad se cumple a rajatabla. Los nuevos ediles, y los delegados no electos, cobrarán un sueldo que responde a la situación previa, establecida por la anterior coalición PSOE-IU. Zoido no pasará de los 59.831 euros anuales, aunque piensa renunciar a este salario en favor de su retribución como parlamentario andaluz, bastante superior. Un edil o un miembro (no electo) del gobierno recibirá un máximo de 50.629 euros, lo mismo que cualquier portavoz municipal del Consistorio. Un capitular de cualquiera de los dos grupos de la oposición con dedicación total cobrará hasta 34.604 euros. Los concejales con otra actividad profesional recibirán una parte proporcional a su trabajo en el Consistorio, sobre un mínimo de 20 horas semanales.

Así, al menos, aparece fijado en el informe del interventor municipal que analiza la propuesta de la Alcaldía. Los matices, sin embargo, aparecen en el caso de los nuevos puestos directivos estructurales del Ayuntamiento. La moción que la Alcaldía ha redactado, en su punto séptimo, opta por respetar los derechos diferenciales del personal funcionario que ha sido nombrado para un alto puesto directivo. Garantiza un régimen de derechos extraordinario que, de facto, encarece el organigrama de mando (conocido hasta el momento) del nuevo Ayuntamiento. Hasta el punto de que su repercusión económica global superará, en el mejor de los supuestos, el gasto directivo oficial heredado del anterior ejecutivo local.

El análisis sobre este extremo lo hace el propio interventor municipal, José Miguel Braojos, en su dictamen sobre la propuesta retributiva del alcalde. En su informe fija una horquilla salarial para los nuevos altos directivos municipales que oscilaría entre los 75.200 euros (el salario máximo posible) y los 60.221 euros (el mínimo) a percibir por los nuevos cargos de la etapa Zoido. Estas cantidades responden a la suma de las cantidades del acuerdo plenario de salarios ya existente más el reconocimiento extraordinario de la retribución por premio anual (A1 nivel 29, con 21 años de antigüedad) fijado en 4.876 euros para los funcionarios. Los que más cobren serán pues los directores generales que sean funcionarios de carrera del Ayuntamiento; después quienes procedan de otras administraciones (70.324 euros) y, finalmente, los directivos profesionales que no sean funcionarios de carrera.

El gobierno local tiene total libertad a la hora de establecer sus nombramientos para elegir uno u otro perfil. Pero lo cierto es que estos salarios, en algunos casos, superarán en 15.000 euros el sueldo fijado para el propio alcalde. De donde se deduce que la decisión (política) de que sean los funcionarios de carrera quienes asuman las altas tareas directivas no saldrá más barato, tal y como había prometido el PP. Al contrario. Con las cifras existentes hasta ahora, y sin contar los criterios a aplicar en las empresas municipales y los organismos autónomos (el PP habla en su programa electoral de sueldos "acordes al mercado"), el nuevo cuerpo directivo del Ayuntamiento de Zoido será incluso más costoso. La diferencia, en el mejor de los supuestos (sin aplicar la retribución máxima a nadie; calculando sólo con la media), es de 97.245 euros. El gasto global se acerca casi al millón de euros.

Las bonificaciones salariales que se aplicarán a los funcionarios por decisión del alcalde están recogidas en el convenio municipal. ¿Son de aplicación en el caso de un directivo municipal? Dicho de otra manera: ¿No pierde un funcionario sus derechos salariales singulares al asumir un puesto de alto directivo para el que es nombrado por un criterio político? El propio interventor municipal resuelve esta cuestión en su dictamen indicando que dichos altos puestos directivos no están "sometidos al convenio colectivo, por lo que esta norma se dicta al amparo de la potestad que asiste al Pleno [en el que el PP tiene mayoría absoluta] para determinar las condiciones de empleo de estos órganos y el gasto imputable". La conclusión es obvia: la decisión del alcalde de que el salario de los altos directivos que sean funcionarios incluya todos sus beneficios diferenciales previos no es, en ningún caso, una obligación, sino una decisión voluntaria de la Alcaldía. La consecuencia de esta opción política es que los altos directivos de Zoido (14) van a costar más que los de Monteseirín (12). Cuestión de números.