Las cámaras sólo funcionaron tres meses y lo hicieron con un bajísimo nivel de fiabilidad. Los únicos automovilistas multados en ese período fueron los que permanecieron en el centro entre 75 y 200 minutos, cuando se debía sancionar a todos los que superaban el límite de 45 minutos y, por lo tanto y por supuesto, no dejar impunes a quienes superaban los referidos 200. Hasta dos funcionarios alertaron a sus superiores de toda una serie de irregularidades. Son tres de las conclusiones que se extraen del informe que sobre el Plan Centro ha firmado el ingeniero jefe de sección del Centro de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Sevilla. Este funcionario destroza el polémico plan, por lo que el gobierno de Juan Ignacio Zoido se ha amparado en este documento para reafirmarse en la decisión de dejar sin efecto esta normativa desde mañana viernes.

El funcionario, que lleva ocho años en dicho puesto, comienza por dejar claro que en los meses de gestación del polémico plan -promovido por el gobierno de Monteseirín- se le mantuvo "al margen de cualquier información, consulta, decisión o intervención" sobre este asunto. También asevera que dos funcionarios que sí tuvieron conocimiento de la normativa y de su puesta en funcionamiento notificaron verbalmente y por escrito a los responsables políticos las irregularidades y deficiencias del plan.

El informe dicta que el 29 de marzo "dejó de estar operativo" el Plan Centro. Ese día dejó de actualizarse la lista de los ciudadanos autorizados a entrar en el centro sin limitación horaria. La consecuencia fue clara: "Sin la disponibilidad de estos listados para ser introducidos por el operador en la base de datos es imposible validar, emitir ni tramitar ninguna sanción". De esta forma, el plan "sólo ha estado operativo y emitiendo sanciones tres meses": desde finales de diciembre de 2010 al 29 de marzo de 2011.

El documento establece que la fecha real de recepción del sistema por los técnicos municipales que dirigieron el proyecto es la del 25 de mayo, tres días después de las elecciones municipales con el gobierno en funciones de Monteseirín.

El rendimiento de las cámaras durante el período de funcionamiento resulta deplorable, según el testimonio de este funcionario. El pliego de condiciones exigía un 95%, la empresa prometió un 97%, pero la realidad fue bien distinta. En los mejores casos los registros fueron del 46%, 86% y 65%, lo que es calificado de "inadmisible para este tipo de instalaciones" por el siguiente motivo: "La primera premisa de esta tecnología es la fiabilidad de la lectura y el reconocimiento de las matrículas. Si esto falla, la instalación no es válida y no está preparada para emitir con las garantías legales, ni por supuesto tramitar administrativamente ningún tipo de sanción".

Lo peor de todo es que el funcionario revela que prueba de todo ello es que se tuvo que tomar la decisión de multar únicamente a los conductores que permanecían entre 75 y 200 minutos en el centro sin autorización, cuando debían ser sancionados todos aquellos que simplemente superaran los 45 minutos.

El mismo informe detalla otro tipo de irregularidades y deficiencias con tal precisión que contribuyen a destrozar una normativa que dejará de estar en vigor mañana mismo, de acuerdo con la resolución del alcalde, Juan Ignacio Zoido, que deroga la emitida en su momento por Monteseirín.

El portavoz del gobierno local, Francisco Pérez, asegura que el informe del jefe de sección de Tráfico corrobora que el Plan Centro debe ser derogado: "Si ya lo teníamos claro y lo llevábamos en el programa electoral, ahora se trata ya de un acto de responsabilidad. Con este informe en la mano no se puede mantener vigente más tiempo este plan".

Pérez calificó en varias ocasiones de "fraude" la polémica normativa. Anunció que el gobierno seguirá recabando más datos sobre el plan, como la posibilidad de que a la luz de este informe se produzca una lluvia de recursos contra las 7.000 multas dictadas.

Exigió al portavoz socialista, Juan Espadas, unas disculpas por haber acusado al PP de manipular informes sobre el Plan Centro. Y rechazó que la normativa se haya derogado por decreto: "Aquí no hay decretos porque sencillamente no se pueden dar".