Casi un mes después de que el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, diese instrucciones a su gobierno para reintegrar "inmediatamente" las fianzas de mil euros entregadas por los miles de afectados por la paralización de los parkings subterráneos promovidos por el Ayuntamiento, ayer admitió que la situación, que se presumía en vías de arreglo, no tiene fácil solución.

Un informe de la Delegación de Movilidad, una de las que recibió el encargo del alcalde, admitió ayer que la Administración local no puede requerir a la empresa a la que se adjudicó esas obras, la concesionaria Equipark, para que devuelva el dinero entregado por los particulares. En concreto, el informe de Movilidad que revela este obstáculo es una respuesta a una serie de preguntas planteadas por el Grupo Socialista en la Comisión de Ruegos, Preguntas e Interpelaciones, a la que ha tenido acceso Europa Press. En él se señala que la devolución del dinero por parte de Equipark "no es una obligación impuesta" ni en la normativa contractual ni en los pliegos administrativos aprobados, por lo que se trataría de una cuestión civil entre una empresa y un particular, "y en este ámbito ha de dilucidarse". El Ayuntamiento, subsidiariamente, tampoco podría responder ante los vecinos en el caso de que tuviese liquidez para ello porque, según el contrato, Equipark no tiene obligación de devolver las reservas entregadas como señal.

O sea, que la única salida que tienen los vecinos, por ahora, es pleitear con la empresa en los tribunales, por su cuenta, algo que ya de manera colectiva han hecho muchos de los afectados. Hasta ahí, nada nuevo, pero el problema es que Zoido se comprometió, antes de ser alcalde y después de tomar posesión, a reintegrar el dinero. Una postura firme que le sirvió para ganar el voto de miles de afectados por este problema, enquistado desde hace más de cuatro años. Este respaldo popular al PP se dejó entrever en mesas electorales cercanas a los parkings proyectados y paralizados, entre ellos, el de Pedro Vallina o El Valle.

Además, el Ayuntamiento admitió ayer que no existe tramitación administrativa ni estimación de plazos para resolver el problema. Dado que Equipark ha incumplido el convenio firmado el 18 de noviembre de 2010 -donde se adaptaban los términos para la construcción y explotación de los parkings a la situación real del terreno y a la necesidad poblacional, y donde no se reflejaba la obligación de devolver las fianzas- se estudian acciones. Sin embargo, la concesionaria no es la única que incumple su palabra. También el Ayuntamiento tendría responsibilidad, ya que hay aparcamientos que no pudieron construirse al estar proyectados sobre terrenos no públicos -por tanto, por causa imputable a la Administración-. Hay otros que, siendo posible, no han sido acometidos por la concesionaria, lo que sería responsabilidad de Equipark. A este respecto, Movilidad respondió ayer que se ha de decidir ahora si se continúa con el convenio y se intenta que la concesionaria construya los aparcamientos viables o se resuelve la totalidad del contrato. Se desconoce también si el gobierno local acudirá a los tribunales, como defiende el Grupo Socialista, con independencia de hallar una solución al margen del pleito.

Ya en marzo de 2009, el Ayuntamiento acordaba modificar algunos de estos contratos de obra pública para adecuar las propuestas de la adjudicataria y los requerimientos del Consistorio y hacer prosperar los proyectos. Posteriormente, fue sopesado un rescate de estas iniciativas a cuenta del bloqueo que sufrían las obras. Recientemente, el Ayuntamiento había anunciado que la incorporación de Ferconsa, filial de Ferrovial, a la adjudicataria de estos proyectos y el respaldo de Banesto garantizaban la construcción de seis de los aparcamientos de Equipark, aunque los vecinos que reclaman la devolución de las fianzas han seguido adelante con sus actuaciones.

Los afectados confiaron ayer en que Zoido encuentre una solución satisfactoria en breve y cumpla con todo lo prometido.