SON ya más de 950 los claustros de centros públicos de enseñanzas no universitarias andaluces que han rechazado acogerse al llamado Programa de Calidad y Mejora de los rendimientos escolares en los centros docentes públicos (orden de 20 de Febrero de 2008). En todas las manifestaciones al respecto, de escritos y concentraciones en Sevilla, en Cádiz, en Málaga y en Granada, al menos, hemos denunciado "la propina", que no mejora salarial ni homologación con docentes del resto de comunidades autónomas, así como la injusticia que supone la mejora de dotación y recursos sólo para los centros que soliciten el programa, que sean seleccionados y que sean evaluados positivamente cuando sus resultados sean del gusto de una Agencia recientemente creada de forma expresa para ello.

Este grupo de profesores ya no puede con más eufemismos, es la gota que colma el vaso. Y sí, queremos mejorar, lo procuramos todos los días, en cada clase, con cada alumno. A pesar de la escasez de recursos para atender a la diversidad del alumnado y de la pérdida gradual de consideración social. Hemos rellenado papeles, más papeles, informes, más informes, participando en planes, propuesto adaptaciones, tratado de atender a todos los alumnos, cambiando objetivos y capacidades por competencias básicas…Pero no podemos sentirnos partícipes por más tiempo de la deriva del sistema y de la dejación de responsabilidades de la Administración. Porque van ya varias promociones de alumnos que cursan y agoten su tiempo en la ESO, cuando lo hacen sin haber aprendido los mínimos necesarios para desenvolverse con criterio en la vida y sin haber aprendido una educación laboral básica. De forma creciente, los alumnos de contextos desfavorecidos no van a poder superar nunca su estrato social. Y seguimos sin hablar de disciplina, intrínseca a la educación, como muy bien saben los países de nuestro entorno, que no mantenido o han superado sarampiones democráticos, ya demasiado largos. Hacemos propuestas y necesitamos recursos que no llegan; como no llegan las directrices para cerrar el proceso educativo para el alumnado de educación especial, por ejemplo, mientras crecen ratios, el número de alumnos por grupo, y la violencia en las aulas, a pesar de los planes y papeles al respecto.

En la enseñanza pública creemos que corresponde al Estado asistir a todos los alumnos por igual, estén en el centro que estén y tengan la gestión que tengan, es decir, vertebrar el sistema, máxime si el gobierno es socialista. Con igualdad de recursos y actuaciones. No podemos entender la competencia y liberalización del sistema cuando seguimos gastando menos en educación que otras comunidades autónomas y los países del entorno. Llevamos demasiados años de voluntarismos y tiempo para valorar sus efectos. Los informes Pisa y las últimas sentencias judiciales son muy ilustrativas al respecto.

Se inicia una nueva legislatura. ¿Podría ser la del Pacto por la Educación?. Como educadores, como docentes de la enseñanza pública, defendemos la pluralidad, el contraste de ideas y denunciamos el empobrecimiento y la inestabilidad que conlleva cualquier sectarismo, la fijación sistemática de conceptos a ideologías, el derecho al derecho…Hablamos del futuro del país, de la preparación de nuestros jóvenes. En ese empeño no podemos dejar a nadie al margen y se tiene que escuchar y respetar al profesorado.