El juez de Menores Alejandro Vián reprochó al Cuco que el joven sabe dónde estaba el cuerpo de Marta pero se niega a decirlo. Utilizando este argumento de la sentencia que condenó a Francisco Javier García Marín, ya adulto, a tres años de internamiento por un delito de encubrimiento, la Fiscalía de Sevilla defenderá el próximo martes en la vista de la apelación que el acusado y sus padres deben de indemnizar al Ministerio del Interior con los 616.319,27 euros que supuso el coste de la búsqueda de Marta en el río Guadalquivir, el vertedero de Alcalá de Guadaíra y la zanja de la localidad de Camas.

El recurso de la fiscal plantea que las razones del juez para no acordar el pago de la indemnización -que sería equiparable a la condena en costas- no son convincentes y "menos aún comprensibles ni aceptables desde la mentalidad popular, es decir, desde la idiosincrasia del pueblo llano" cuando se reconoce que el Cuco conoce el paradero del cadáver pero se niega a revelarlo. "No podemos quedar impasibles sin intentar cuando menos este tipo de condena para un sujeto que oculta persistentemente el lugar donde fue arrojado el cuerpo de Marta y que con su actitud pasiva ha ocasionado al Estado y al común de los españoles tan enorme gasto". Pero la reclamación del pago de esta indemnización, no es el único elemento sobre el que la Fiscalía centra su ataque jurídico contra la sentencia del juzgado de Menores. Tanto el Ministerio Público como la acusación particular que ejercen los padres de Marta, Antonio del Castillo y Eva Casanueva, reclaman a los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla que condenen a Francisco Javier García Marín por los delitos de asesinato y violación de Marta, lo que elevaría la pena de internamiento a un máximo de seis años.

Las acusaciones ofrecen una triple motivación para reclamar la condena por estos delitos: que es válida la declaración del asesino confeso realizada el 17 de marzo de 2009 -en la que inculpó al entonces menor-; que el juez ha cometido un error en la valoración de la prueba al no tener en cuenta este testimonio y el de otros testigos, así como de las pruebas científicas y las mezclas de ADN halladas en el piso de León XIII; y también que la muerte de Marta fue un hecho cometido con alevosía, en el que la víctima no pudo defenderse.

En cuanto a la validez de la declaración de Carcaño, que el juez de Menores rechazó porque cree que implicó al menor por motivos de "venganza o resentimiento", la Fiscalía dice que no hubo indefensión para el abogado de la defensa a pesar de que el asesino confeso no declaró en la fase de instrucción de la causa al menor, y añade que en esa confesión -de la que después se retractaría-, Miguel desgranó "de manera completa y minuciosa cómo el menor y él mismo" golpearon, violaron y asesinaron a Marta.

Esa declaración, sostiene la Fiscalía, está corroborada por su intento de suicidio en la cárcel, que fue real según la psicóloga del centro, por el hallazgo de la navaja supuestamente empleada para intimidar a la joven -que fue recuperada en una alcantarilla- y por la propia declaración del menor cuando en un traslado confesó a los policías que había visto a Marta en la habitación de Miguel "muy ensangrentada" y que él también estaba en el piso, aunque esta afirmación nunca se ratificó ante el juez. El Ministerio Público señala que los amigos que estuvieron con el Cuco de botellona la tarde del 24 de enero de 2009 han explicado que entre las 20:30 y las 22:00 el joven no estuvo localizado y que, además, se cambió de pantalón entre una y otra botellona.

Una buena parte del recurso de la fiscal defiende las pruebas científicas para incriminar al joven, como la mezcla de ADN del Cuco y de Marta hallados bajo una silla en el punto exacto donde Carcaño situó el crimen, las huellas del Cuco en una botella de ron y los perfiles de Miguel y Marta en el tensiómetro.