La culminación de la Torre Cajasol en la Isla de la Cartuja parece, cada día que pasa, una posibilidad más lejana. Ayer, Juan Ignacio Zoido dejó claro que no piensa "bajo ningún concepto" pasar a la historia como el alcalde en cuyo mandato Sevilla perdió su denominación de Patrimonio Mundial, una posibilidad cada vez más cercana si se tiene en cuenta que la Unesco ya ha exigido hasta en dos ocasiones que se paralicen las obras de este rascacielos diseñado por el arquitecto César Pelli sin que se le haya hecho ningún caso. La solución que se baraja cada vez con más insistencia es rebajar la altura de 178 metros para que ésta pueda ser asumible por la Unesco.

"Hay que ser tremendamente cuidadoso con el patrimonio que vamos a legar, no se puede dar ningún paso confuso", dijo tajante Zoido, quien apostilló: "Sevilla no va a correr riesgos en su declaración de Patrimonio de la Humanidad". Es decir, entre la Unesco y el diseño original de la Torre, Zoido se queda con el organismo internacional, más en unos momentos en el que es inminente una visita a Sevilla de éste para comprobar sobre el terreno la situación. Dicha visita se podría producir a principios del próximo octubre.

En la cabeza de todos está el ejemplo de la ciudad alemana de Dresde, que fue expulsada de la lista de ciudades Patrimonio Mundial debido a la construcción de un puente en el valle del Elba en contra del criterio de la Unesco, un caso muy similar al de Sevilla.

La preocupación del Consistorio es evidente ante este problema heredado del anterior gobierno municipal. Sólo así se puede comprender las cartas que Zoido ha mandado al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y a la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, y en las que se plantean la corresponsabilidad entre las tres administraciones (local-autonómica-nacional) a la hora de afrontar las posibles indemnizaciones a Cajasol por la paralización de una obra de la que tenían las pertinentes licencias.

El Ayuntamiento todavía no ha calculado a cuánto ascenderían las indemnizaciones, pero en cualquier caso éstas "serían millonarias", según fuentes de la Gerencia de Urbanismo y "podrían hipotecar la capacidad inversora del Ayuntamiento durante años". Hay que tener en cuenta que a la indemnización por daño emergente (lo ya gastado) hay que sumar el de lucro cesante (el beneficio que no se percibirá), lo que, según algunos cálculos, alcanzaría los 200 millones de euros.

Sin embargo, realizar cualquier cálculo es todavía muy aventurado. En primer lugar porque aún no se sabe a qué altura del rascacielos se paralizarán (si es que se paran) los trabajos. Si finalmente se decide mochar la torre habrá que estudiar cuestiones como, por ejemplo, el coste de unos cimientos pensados para aguantar 178 metros de edificio y no menos. Estos pequeños detalles nos indican la complejidad de un cálculo exacto y de las negociaciones que se tendrán que establecer entre el Ayuntamiento y Cajasol si se cambia el proyecto.

Hay voces, sin embargo, que apuntan a que no se deberá pagar ninguna indemnización. Es el caso del arquitecto y experto en patrimonio histórico Fernando Mendoza, uno de las voces más críticas con el proyecto de César Pelli. Según Mendoza, que defiende que la licencia concedida a Cajasol es completamente ilegal, como mucho se le podría indemnizar la diferencia entre los "68.000 metros cuadrados que permitía construir el PGOU en esa parcela y los 101.000 metros cuadrados que se contemplan en el proyecto".