La comisión de investigación del Plan Centro para esclarecer si existió el supuesto fraude que defiende el PP se constituyó ayer. Llega dos meses después de la derogación del plan en el Pleno del 29 de julio, el mismo día que el gobierno local aprobó por sorpresa investigar sobre el tema. La oposición (PSOE e IU) criticó que echa a andar tarde y cuando el Ayuntamiento aún no ha definido ni aplicado el plan alternativo de movilidad que prometió para regular el tráfico del centro. El PP respondió que las medidas de tráfico en el centro se irán aplicando "poco a poco" y que aún no se ha dado el caos de tráfico que temían algunos.

La comisión la integran los tres grupos políticos (PP, PSOE e IU) y la preside el concejal y portavoz del gobierno Francisco Pérez. El calendario de comparecencias de los funcionarios, técnicos y políticos se conocerá en 15 días. No se sabe cuántos meses tardará en cerrar sus conclusiones.

El gobierno local ratificó ayer por boca de Francisco Pérez que el Plan Centro fue "un fraude político e informativo" a los ciudadanos (sin responsabilidad judicial) y su reto es demostrarlo. Lo tiene fácil con sus 20 votos contra los 13 de la oposición que decidirán las conclusiones de la investigación.

El PSOE se quejó ayer de la ausencia de objetividad y de transparencia que supone el nombramiento de Pérez como presidente, por ser el concejal que defendió categóricamente el supuesto fraude con un informe encargado el 22 de julio (días antes de su derogación) al ingeniero jefe de la sección del Centro de Control de Tráfico.

El portavoz Francisco Pérez repitió ayer a la prensa que el sistema de cámaras y multas puesto en marcha por el gobierno anterior no funcionó, y por eso se anuló el Plan Centro. De nuevo pasa por alto otros seis informes posteriores de funcionarios de Movilidad que niegan la existencia de tal fraude. La oposición cree que la comisión no es más que un intento del PP de desviar la atención ciudadana y ganar tiempo porque no sabe qué hacer ahora con el tráfico del centro.

Los socialistas la quieren para demostrar que no hubo fraude por parte del gobierno anterior de Monteseirín y la federación de izquierdas (IU) para demostrar que el Plan Centro mejoró la calidad de vida de los 55.000 residentes, la movilidad en el centro y redujo la contaminación.

El portavoz del PSOE, Juan Espadas, advirtió que si el PP no demuestra que hubo tal fraude exigirá responsabilidades a quien lo afirmó. Aunque no citó nombres, el socialista se refiere al edil del PP Francisco Pérez.

Éste respondió a la prensa minutos después que no le preocupan las amenazas del PSOE y que no piensa retractarse en su acusación de que el plan fue un fraude porque "no se multaba desde marzo, no se respetaban los 45 minutos y no había personal para tramitar las multas". Según Pérez, "me avalan mis informes" y "ninguno de los otros informes avala lo contrario". Cuestionado sobre por qué dijo que las cámaras no funcionaban cuando seis de los siete informes técnicos dicen lo contrario, Pérez aclaró que "se dijo que el sistema del Plan Centro no funcionaba y eso afecta a muchísimos aspectos, también a las cámaras".

Ante afirmaciones tan rotundas, la prensa preguntó al edil Pérez qué sentido tiene la comisión de investigación si el PP ya tiene claras sus conclusiones. "Me es suficiente con que conste que es un fraude colectivo, aunque no esté el anterior gobierno. Yo he sido engañado y exijo una explicación", dijo Pérez.

El portavoz de IU Antonio Rodrigo Torrijos recalcó que la comisión no es más que "una tramoya" del PP para desviar la atención por la derogación de un plan que "fue enormemente eficiente" y recalcó que el fondo de la cuestión es que "el gobierno de la eficacia, de los plazos y de los cumplimientos tiene el casco antiguo sin ningún plan de movilidad alternativo".

PSOE e IU han pedido una prolija documentación y que comparezcan como mínimo 13 personas. Sólo dos son responsables políticos: el anterior delegado de Movilidad, Francisco Fernández (PSOE), y el actual, Demetrio Cabello (PP).