La representación jurídica de la Fundación Sociasistencial Mercasevilla reclamó ayer, en el transcurso de la denominada audiencia preliminar del jurado, que los cuatro imputados por el intento de cobro de comisiones ilegales sean declarados responsables civiles solidarios y, en consecuencia, se les condene a indemnizar a la entidad con los 900.000 euros de la subvención que la Junta concedió en su día para la creación de la escuela de hostelería y que se perdió como consecuencia del escándalo. 

El nuevo abogado de Mercasevilla, Juan Piñeyro, que se ha hecho cargo de la defensa de la Fundación tras el cambio de gobierno municipal, señaló en la audiencia preliminar que la pérdida de la subvención de la Junta ha causado un "perjuicio irreparable" a la fundación, al no poder disponer de esta ayuda. El letrado de Mercasevilla también se reservó la posibilidad de ampliar y modificar las imputaciones que se efectuaron en su día y las penas solicitadas. 

El fiscal y las acusaciones populares que ejercen el PP, el PSOE y el PA, solicitaron a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, la apertura de juicio oral contra los cuatro imputados y confirmaron que el juicio debe celebrarse ante un jurado. Por su parte, las defensas de los cuatro imputados solicitaron el archivo. 

Al acto asistieron tres de los cuatro imputados, el ex delegado provincial de Empleo Antonio Rivas, el directivo del Mercado Daniel Ponce y la directora de proyectos de la Fundación, Regla Pereira, pero no el que fuera director del Mercado central, Fernando Mellet, a quien el PP solicita un año de cárcel, la misma pena que exige a Rivas. 

El abogado de Fernando Mellet, José Manuel Carrión, planteó una serie de cuestiones previas, entre ellas la nulidad de las grabaciones en las que supuestamente los directivos de Mercasevilla exigieron una comisión ilegal de 450.000 euros a dos empresarios hosteleros de La Raza, a cambio de concederles la gestión del proyecto de escuela de hostelería subvencionado. 

El letrado de la defensa considera que esas grabaciones son nulas por existe una "provocación" de las personas que grabaron la conversación y los acusados estaban "desprevenidos", por cuando existía una "argucia o ardid" de los empresarios. La conversación grabada "no surgió de forma espontánea y fue provocada con intención de obtener dicha prueba", añadió el defensor que entiende que se vulneró el derecho a no declarar contra sí mismo, a no declararse culpable y a la presunción de inocencia. 

La defensa insistió en que Mellet no tiene el carácter de funcionario público, por lo que solicitó que el caso se aparte del jurado y se enjuicie por un tribunal profesional. 

El abogado de Daniel Ponce, Simón Fernández Rebollo, pidió el archivo y se opuso además a la indemnización que reclama Mercasevilla, al entender que la subvención "está en vigor" y no consta que la Fundación haya instado el cumplimiento de la resolución administrativa que concedió la ayuda. 

El letrado Carlos Galán Cáceres, que representa a Regla Pereira, también solicitó el sobreseimiento porque no hay indicios racionales contra su cliente y también se opuso a la indemnización por lo "disparatado" de la misma. 

La Fiscalía de Sevilla ha pedido para los cuatro procesados una multa de 900.000 euros y suspensión de empleo o cargo público durante 21 meses por un delito de cohecho. Este caso es una de las variantes que investiga la juez Mercedes Alaya, la primera cuya instrucción está finalizada, mientras que continúan abiertas otras ramas por delitos societarios en Mercasevilla, las presuntas irregularidades en la venta de los suelos, y la más voluminosa que se refiere a las irregularidades y la inclusión de intrusos en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) vinculados a empresas en crisis.