El portavoz del gobierno del PP en el Ayuntamiento de Sevilla pidió ayer por primera vez disculpas públicas a la empresa de las cámaras del centro (SICE) y le anunció que su grupo político "intentará restituir la buena imagen de la empresa", en palabras del concejal Francisco Pérez, presidente de la comisión de investigación del Plan de tráfico derogado el pasado 29 de julio. Y añadió: "Comprendo los daños colaterales que ha podido tener SICE. Movilidad no tiene dudas de la empresa".

Pérez hizo esta afirmación después de contrastar durante dos días con siete funcionarios de Movilidad las acusaciones de supuestas irregularidades y supuestos fallos de las cámaras denunciados el 22 de julio por otro funcionario de Movilidad, Enrique Gutiérrez, jefe del Centro de Control de Tráfico pero ajeno al Plan Centro y a su tramitación hasta la llegada del nuevo gobierno del PP. Tampoco mantenía buenas relaciones con el resto de compañeros del servicio. Ha quedado demostrado que las acusaciones no se sostienen al estar plagadas de errores y tergiversaciones de la realidad. Tal informe sirvió al equipo del alcalde Juan Ignacio Zoido como base para eliminar la restricción de tráfico al centro con cámaras.

Lo único cierto del informe del funcionario Gutiérrez es que el Plan Centro no emitió sanciones desde el 29 de marzo por falta de personal. Aun así, el gobierno local se aferró a ese informe, aireó el supuesto "fraude" del Plan Centro y de las cámaras sin contrastar si eran ciertas las acusaciones del funcionario hasta oír a los demás funcionarios en la comisión de investigación de esta semana.

Al escuchar las disculpas del presidente de la comisión, uno de los funcionarios de Movilidad afectado por las sospechas de todo tipo de irregularidades vertidas por el informe de Gutiérrez reaccionó ayer airadamente. Abandonó la sala quejándose por lo tarde (tres meses después) que el gobierno local corrige esas graves acusaciones. Los grupos de la oposición, PSOE e IU, reclamaron al PP que se restituya también la profesionalidad de los funcionarios de Movilidad acusados sin datos, especialmente de los jefes Reyes González de Castro y Félix Lerma.

Ramón Cobo, director regional de la empresa de las cámaras, que también se ocupa de la gestión semafórica de la ciudad de Sevilla, se quejó al presidente de la comisión del daño que les ha hecho el informe del funcionario Gutiérrez desde este verano. Sólo el lunes se sintieron aliviados al oír que el director de Movilidad actual, Enrique Medina, admitía en la investigación que las cámaras funcionaban antes y después de su derogación.

"A nosotros nos ha hecho mucho daño. El informe era demoledor. Si mi empresa cotizara en bolsa le habría dado un varapalo brutal, porque el Ayuntamiento es nuestro principal contratista. Este señor pone en entredicho el buen hacer de mi empresa de forma ligera cuando el sistema estaba empezando", lamentó Cobo, quien recalcó que ese funcionario no sabía nada del Plan Centro al ser ajeno a la dirección facultativa del Ayuntamiento que llevaba el contrato.

La empresa de las cámaras dio dos datos claves: la fiabilidad de las cámaras es del 96,68% entre marzo y mayo de 2011, y aún están en periodo de garantía hasta el año 2017. Eso supone que hasta entonces se puede exigir a SICE que corrija todas las anomalías o incumplimientos del contrato que puedan surgir.

El portavoz del gobierno reaccionó a las quejas de la empresa intentando restar importancia al polémico informe (que consideró la "discrepancia" de un jefe sobre el Plan Centro).

El PP reconoció ayer por primera vez que la decisión de derogarlo se debió al respaldo de votos de los ciudadanos a su programa electoral. "El plan se ha suprimido porque ha sido una decisión avalada por el ciudadano y, además, tras el informe del funcionario hemos intentado aclarar este aspecto", afirmó el edil Pérez al responsable de SICE.

Los siete funcionarios confirmaron lo afirmado en sus informes del 4 y 5 de agosto: que el Plan Centro y las cámaras funcionaban bien y que los supuestos fallos que dice el funcionario Gutiérrez son datos anteriores a su puesta en marcha en diciembre de 2010 y al acta de recepción del 25 de mayo de 2011. El PP aireó que uno de los funcionarios es miembro electo de la junta electoral de zona.

La comisión continúa hoy con las comparecencias de los políticos socialistas de Movilidad del gobierno anterior: Francisco Fernández y Rubén García. El PSOE se sumó a la petición de IU para que el Secretario informe si es ilegal el uso de imágenes de las cámaras del centro.