El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha registrado dos solicitudes enmarcadas en el devenir de la comisión de investigación del Plan de Ordenación Viaria del Casco Antiguo y Protección de la Zona Monumental (Plan Centro), en una de las cuales solicita un informe jurídico sobre la utilización que de las imágenes que las cámaras del sistema, que siguen grabando, podrían llevarse a cabo.

En concreto, dicha solicitud, firmada por el portavoz del grupo, Juan Espadas, reclama que por parte del secretario general, en sus funciones de titular de la asesoría jurídica, se emita informe en el que haya un pronunciamiento sobre la adecuación a la normativa de protección de datos del hecho de que las cámaras de control de acceso de vehículos al casco histórico sigan grabando, y se sigan generando ficheros, tras la derogación del plan.

Asimismo, el PSOE pide información sobre "quién puede, en su caso, visionar los ficheros generados, el uso que de los mismos puede hacerse y si pueden ser cedidas las imágenes a personas o entidades diferentes a la Agencia Tributaria de Sevilla".

La otra solicitud recuerda el compromiso adquirido en la última sesión de la comisión, el pasado 9 de noviembre, por su presidente, Francisco Pérez (PP), en el sentido de convocar a una nueva sesión de trabajo para valorar las comparecencias realizadas, así como pedir nueva documentación y más comparecencias. De esta manera, se pide la convocatoria "inmediata" de un nuevo encuentro.

En este sentido, y para poder continuar con sus trabajos, los socialistas reclaman la incorporación de varios documentos, como el informe completo sobre el funcionamiento de la Dirección General de Movilidad por parte del jefe de Sección de Control de Tráfico, emitido con anterioridad al 21 de julio de 2011 y ya aportado por el director general, aunque sólo en el párrafo relativo al Plan Centro.

También se pide un informe de Movilidad hecho público el 19 de julio en el que se afirma que el sistema "se encuentra sin funcionamiento desde el mes de marzo"; otro aportado por la empresa SICE a Movilidad avalando el correcto funcionamiento del sistema y "aportado al día siguiente de que los medios de comunicación recogiesen las primeras afirmaciones del gobierno sobre problemas en el funcionamiento de las cámaras"; y una relación de personas que tienen o han tenido, desde su implantación, autorización para acceder al sistema, visionar las imágenes y hacer uso de las mismas.