La Fiscalía de Menores de Sevilla ha solicitado que Francisco Javier García Marín, el Cuco, sea condenado a pasar otros 18 meses de convivencia en un grupo educativo -como cuando estuvo ingresado en un piso tutelado de Puerto Real-, como presunto autor de un delito de quebrantamiento, por haber incumplido la orden de alejamiento que le impedía acercarse a menos de 50 kilómetros de Sevilla, donde reside la familia de Marta del Castillo.

El escrito de alegaciones del Ministerio Público, al que tuvo acceso este periódico, justifica la imposición de esa condena al objeto de que en un adecuado ambiente se le ofrezca al joven -que ya es mayor de edad- "las medidas educativas y pedagógicas" para que "supla las deficiencias que han originado su comportamiento antisocial".

La Fiscalía recuerda que el Cuco fue sorprendido el 14 de noviembre de 2010 en un control de la Policía cuando circulaba en un vehículo con sus padres y una tercera persona, a la altura del kilómetro 25,5 de la AP-4. El Ministerio Público considera que los padres y el entonces menor "habían superado consciente y voluntariamente el límite de los 50 kilómetros de alejamiento que se le había impuesto en el auto de medidas cautelares y los términos del permiso que le habían concedido".

El piso tutelado donde se hallaba internado había autorizado al joven a disfrutar de una convivencia familiar "en El Puerto de Santa María" entre las 13:00 y las 20:00 de ese día, pero los padres, asegura la Fiscalía, "decidieron traer al menor hasta la localidad de Sevilla, estando de acuerdo el menor cuando le comunicaron sus padres cuáles eran sus planes, manifestando que en ese caso no pensaba volver al piso de convivencia", relata el escrito de alegaciones del Ministerio Público.

La Fiscalía analiza igualmente la situación del Cuco y dice que el joven pertenece a una familia "que no ha ejercido un adecuado control sobre las actividades del menor", que su trayectoria escolar ha estado marcada por el "bajo rendimiento, el absentismo ocasional y las conductas disruptivas", por lo que considera que debe imponérsele la medida de 18 meses de convivencia en un grupo educativo.

Francisco Javier García Marín está en un centro de menores de Córdoba desde el pasado 28 de octubre, cuando ingresó de forma voluntaria para cumplir el resto de la condena de dos años y once meses de internamiento que le fue impuesta por encubrir el asesinato de Marta del Castillo. El juez de Menores debe pronunciarse aún sobre la compensación del tiempo que pasó en el piso tutelado y en el que la Fiscalía ha solicitado que se le computen cada seis días de estancia por uno de internamiento en el centro de menores. Si el juez accede a esta compensación, Francisco Javier García Marín no podría abandonar el centro de menores hasta el 14 de septiembre de 2013 y todo ello sin tener en cuenta la nueva petición que ha hecho ahora la Fiscalía por vulnerar la orden de alejamiento de la familia de Marta.