El magistrado de la Audiencia de Sevilla Ángel Márquez, que debe presidir el juicio con jurado contra los cuatro acusados por el intento de cobro de una comisión ilegal de 450.000 euros a unos empresarios a cambio de la gestión del proyecto de escuela de hostelería, ha acordado apartar del proceso a la acusación que ejercía el PSOE, al no haber acusado a los imputados por el delito de cohecho por el que se abrió el juicio oral.

En un auto, el juez argumenta que como la acusación de los socialistas se planteó por delito de estafa en grado de tentativa y no por cohecho, y sólo se abrió el juicio oral por este último delito, "su posición en esta causa ha quedado sin contenido, por lo que, al ni haberse adherido a la calificación de otra de las acusaciones, debe quedar apartado del procedimiento".

El magistrado también ha rechazado todas las cuestiones previas al juicio planteadas por las defensas. Así ha avalado las grabaciones que realizaron los empresarios y ha descartado la "provocación" que alegaron las defensas, al recordar que la doctrina del Tribunal Constitucional que establece que no puede estimarse vulnerado el secreto de las comunicaciones cuando el contenido de la conversación es "revelado por uno de los que intervienen en la misma, pues la Constitución no garantiza el derecho a la voz, como manifestación específica del derecho al secreto de las comunicaciones".

El juez añade sobre la grabación que ésta se realiza antes de la denuncia, cuando uno de los imputados, "supuestamente en presencia de Regla Pereira, transmiten unas exigencias económicas a uno de los empresarios interesados en la subvención que ya se había obtenido a instancias de la Fundación Socio-asistencial Mercasevilla, y ante la sorpresa que le supone dicha reclamación, solicita una nueva reunión con el director general de Mercasevilla" y es tras ese nuevo encuentro cuando se realiza la grabación "para constancia de lo que pudiera manifestarse u otra finalidad lícita", como podría ser la "protección de su nombre empresarial y poder defenderse de posibles informaciones posteriores en las que pudieran verse involucrados".

El auto concluye que del contenido de la grabación se desprende que las exigencias de los imputados, "en modo alguno son frutos de una inducción engañosa de sus interlocutores, que se ven sorprendidos por la reclamación que se les efectúa y que no había sido mencionada ni insinuada a lo largo de los contactos mantenidos para desarrollar el proyecto de escuela de hostelería que venían manteniendo desde hacía meses".

La Fiscalía de Sevilla se había opuesto a la petición de nulidad planteada por las defensas de los acusados por el intento de cobro de comisiones ilegales en Mercasevilla, al descartar "cualquier tipo de provocación" en la grabación que los empresarios de La Raza hicieron de la conversación con los directivos del Mercado Central Fernando Mellet y Daniel Ponce, en la que estos les exigieron presuntamente el pago de 450.000 euros para hacerse cargo del proyecto de escuela de hostelería que iba a crearse en la Fundación Mercasevilla.

El fiscal expuso, en el transcurso de una vista celebrada en la Audiencia de Sevilla para resolver sobre las cuestiones previas planteadas por las defensas, que el antecedente de la reunión en la que se realizó la grabación es una entrevista previa en la que "la iniciativa la toma uno de los acusados", que presuntamente informa a uno de los empresarios sobre el pago de la comisión ilegal.
 
El Ministerio Público también se opuso a la petición de las defensas de que el caso no sea enjuiciado ante un jurado popular, porque según los letrados defensores no puede considerarse que los acusados tengan la condición de funcionario público. El fiscal explicó que los procesados sí tienen dicha condición y solicitó que se mantenga la competencia del tribunal del jurado.
 
El abogado José Manuel Carrión, que defiende a Fernando Mellet, pidió el archivo de la causa porque a su juicio la grabación es una prueba "viciada de nulidad" , y el letrado Francisco Baena Bocanegra, que representa al ex delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas, reconoció que el hecho de que temas como éste lleguen a un jurado popular es "una peladilla amarga que le metemos al tribunal del jurado". A la vista sólo asistió uno de los cuatro imputados, Regla Pereira, que se sentó en primera fila para seguir la sesión.