La jornada laboral en la Diputación Provincial de Sevilla es inferior en 149 horas al año a las recomendaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que dirige el también alcalde de Sevilla Juan Ignacio Zoido (Partido Popular).

La Corporación provincial ya ha suspendido las aportaciones al Plan de Pensiones de sus empleados públicos y tiene previstas nuevas reuniones con los sindicatos para analizar la incidencia del decreto estatal.

Al igual que en el Ayuntamiento de Sevilla, los responsables sindicales de la Diputación consideraron ayer que no son de obligado cumplimiento para la plantilla de la corporación las directrices recogidas en el decreto del Gobierno central para controlar el déficit público que afectan a las horas de trabajo del personal de las administraciones públicas. En este sentido, desde CCOO se recordó que las jornadas laborales están pactadas en convenio y que cualquier modificación de las mismas tendría que ser negociada, tal y como recoge el Estatuto Básico del Empleado Público.

Desde el sindicato Ustea, se subrayó que implicaría modificar turnos y descansos y que no es una medida que se pueda tomar unilateralmente.

En el caso concreto de la Diputación de Sevilla, la jornada está pactada en 1.498 horas al año, es decir, por debajo de las directrices dadas por la Federación Española de Municipios y Provincias dirigida por el PP, que apunta a un mínimo de 1.647 para los empleados públicos locales, según lo recogido en la circular que la Femp ha hecho llegar también al organismo provincial a principios de enero.

Por su parte, fuentes del Gobierno que preside el socialista Fernando Rodríguez Villalobos explicaron ayer a este periódico que la Diputación está trabajando y analizando todavía la incidencia que esas medidas pueden tener en la casa y que hay prevista una reunión con los representantes de los trabajadores para abordar el asunto.

Planes
Lo que sí se ha confirmado ya y trasladado a la platilla de la Diputación de Sevilla es que la Corporación provincial sevillana no quedará al margen de la suspensión de las aportaciones que las administraciones y empresas públicas hacen a los planes de pensiones que tienen contratados para su personal. Esta orden se encuentra dentro del mismo paquete de medidas para reducir el déficit público que el presidente del PP, Mariano Rajoy, decretó el pasado 31 de diciembre.

Aunque la Corporación provincial no hará aportaciones durante 2012, los trabajadores podrán decidir si siguen poniendo la parte que le corresponde o la suspenden igualmente.

Tampoco podrán salir ofertas públicas de empleo, bloqueadas desde hace años en la Diputación, ni se podrán sustituir durante 2012 bajas o jubilaciones, salvo en puestos donde la presencia del trabajador sea ineludible, como Bomberos o profesores.