El equipo de gobierno de Juan Ignacio Zoido (PP) quiere ampliar la jornada de los funcionarios del Ayuntamiento de Sevilla a 37 horas y media, dos horas y media por encima de las 35 semanales que trabajan ahora. La medida afectaría a los 3.200 funcionarios del Consistorio, lo que no incluye ni a los trabajadores laborales (2.300) ni a los miles de empleados de las empresas y organismos municipales (Lipasam, Tussam, Emvisesa, Emasesa y otros).

Las secciones sindicales de CCOO y UGT en el Ayuntamiento de Sevilla amenazan con presentar recursos judiciales contra esta decisión. Cuentan con un informe del propio Gobierno central (del Ministerio de Política Territorial y Administraciones Públicas) donde se deja claro que la orden ministerial sólo es de aplicación a los funcionarios estatales, no así a los municipales ni autonómicos. Esta semana han organizado una ronda de asambleas por los servicios municipales para tratar el asunto.

A pesar del informe del Ministerio, que el sindicato trasladó al Ayuntamiento sevillano, el área de Recursos Humanos del Consistorio sigue estudiando a fondo los detalles de la operación y ayer mismo comunicó al comité de empresa que el gobierno local quiere aplicarlo y que se resiste a asumir sin más la opinión del Ministerio.

Circular de la FEMP
La decisión de Zoido se enmarca en el Real Decreto-Ley del Gobierno central de diciembre de 2011 que obliga a ampliar la jornada laboral de los funcionarios para reducir el déficit público, pero sobre todo en una interpretación posterior de este Decreto realizada a principios de enero de 2012 por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que también preside el mismo alcalde sevillano.

Según la FEMP, "la jornada de los funcionarios públicos locales no podrá ser inferior a 1.647 horas anuales". En el Ayuntamiento de Sevilla los funcionarios tienen una jornada ordinaria de 1.489 horas anuales y 35 semanales firmadas el pasado diciembre, lo que significa que la medida de Zoido les obligaría a trabajar 158 horas más al año.

Esta rotunda conclusión fue enviada por la Federación de Municipios a todos los ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares de España a través de una circular cuyo fin es interpretar la orden estatal.

La polémica ha surgido tras una consulta de CCOO al Ministerio de Política Territorial y Administraciones Públicas, que aclaró por escrito el pasado 11 de enero que la orden ministerial de ninguna forma afecta a los ayuntamientos ni a las autonomías.

En su respuesta, el buzón del ciudadano del citado Ministerio responde que "la previsión del artículo 94 de la Ley de Bases de Régimen Local ha quedado superada por una norma posterior de carácter básico, como es el Estatuto Básico del Empleado Público (artículos 47 y 37.1), que viene a considerar la jornada y horario como un elemento propio de las potestades de autoorganización de las Administraciones Públicas y que además ha de ser objetio de negociación colectiva". Según Juan Clemente, secretario de acción sindical del sector público, "con esta respuesta ministerial ya no hay disputa jurídica alguna".

Reacción sindical
Desde la sección sindical de CCOO del Ayuntamiento de Sevilla, su secretario general y presidente del comité de empresa, Manuel Loza, consideró ayer que el decreto estatal es "tan ambiguo que no deja muy claro si también afecta a la administración local" y añadió que la circular de la FEMP es "una interpretación precipitada e interesada". La Federación estatal del sindicato y su asesoría jurídica ratifican que no cabe ampliar la jornada a los funcionarios de los ayuntamientos y mucho menos a los laborables que ya han negociado las condiciones de su jornada de 35 horas.

Si Zoido finalmente aplica la medida, la respuesta será un recurso judicial. "Intentaríamos negociar las mejores condiciones laborales, y no vamos a hacer de esto un caballo de batalla saliendo a la calle, pero el recurso judicial no lo descartamos", aclaró Loza. Y añadió que aumentar la jornada de trabajo supone más desempleo y pérdida de poder adquisitivo al trabajar más horas. CCOO calcula que los recortes y medidas de estos últimos años han rebajado el poder adquisitivo del empleado público un 20%.

Desde la sección sindical de UGT, su secretario general Santiago de los Reyes explicó que también aseguran que su asesoría jurídica ha recalcado que no cabe ampliar la jornada laboral en el Ayuntamiento. "Si tenemos que trabajar más, trabajaremos, pero UGT tiene preparados un recurso contencioso-administrativo y otro al juzgado de lo Social porque tenemos argumentos a nuestro favor", anunció De los Reyes. "Esto va a ser carne de juzgado y los jueces tendrán la última paralabra. El Decreto del Gobierno central no está tan claro".

Si el alcalde aplica la medida, el dirigente sindical municipal se pregunta si el PP lo compensaría con días de asuntos propios o libranzas.

De los Reyes destaca que hasta el propio gobierno local sevillano sigue teniendo dudas y prueba de ello es que ha encargado un informe a la asesoría jurídica municipal.

Llama la atención sobre este punto que el propio Zoido, como presidente de la FEMP, envíe una circular a todos los ayuntamientos y diputaciones pidiendo que amplíen la jornada laboral de sus funcionarios a 1.647 horas y, sin embargo, como alcalde en su propio Ayuntamiento encarga un estudio jurírico para zanjar las dudas. Si no está tan clara la cuestión, no se entiende la interpretación rotunda de la FEMP.