Sus libros Teoría del Derecho, Los Derechos Fundamentales, Derechos Humanos:Estado de Derecho y Constitución, entre otros, han sobrepasado las diez ediciones y se utilizan mucho en España y América Latina. Excelentes manuales de divulgación para tenerlos a mano en toda biblioteca que se precie. Nació en Barcelona hace 67 años. De familia aragonesa, su padre era funcionario. Antonio Enrique Pérez Luño estudió Derecho en la Ciudad Condal, se doctoró en Bolonia (Italia), consiguió una plaza de profesor en la Universidad de Salamanca y cinco años después, en 1978, ganó la cátedra en la de Sevilla. Es experto en muchas materias, por ejemplo la protección de datos, donde fue consultado para la elaboración del ordenamiento legal español.

Se siente muy sevillano, le gusta pasear por la ciudad. "Me decía el maestro Ramón Carande que una de las cosas que le habían hecho permanecer en Sevilla es su condición de ciudad llana donde pasear con tranquilidad, con un clima agradable, y siendo muy grato el carácter de la gente, cordial y de ironía fina. En Sevilla me he sentido muy querido y cómodo para desarrollar mi labor científica de forma óptima". Pérez Luño vive en El Porvenir. Su esposa estudió Trabajo Social y está muy comprometida con movimientos solidarios de la ciudad. Tienen dos hijos, ella es profesora de Economía en la Olavide y él compagina la abogacía con su actividad en la Facultad de Derecho. "Pero no en el departamento que dirijo", apostilla su padre.

-En los últimos años ha prestado especial atención a la relación entre tecnología y libertades. ¿Qué le parece la ofensiva contra plataformas de descargas en internet?

-La libertad en el ciberespacio es una conquista importantísima de nuestro tiempo, ha sido propiciada por las nuevas tecnologías. Valores muy importantes se pueden transmitir gracias a la red. Hay que garantizar la expresión del pensamiento más allá de las fronteras, aunque exista el peligro de que las autopistas de la comunicación se conviertan en autopistas del delito. Se trata de buscar que la seguridad y la lucha contra nuevas formas de delincuencia no se consiga a partir de cercenar la libertad. Y ser conscientes de que planteamientos legislativos nacionales son ponerle puertas al campo porque en la informática está todo deslocalizado.

-A su juicio, ¿qué avería hay que reparar antes en la Constitución?

-Revitalizar el Senado y reconducir la organización autonómica.

-¿El Gobierno Rajoy intenta restar capacidad de autogobierno regional sin retocar la Carta Magna?

-Sí, es cierto. Lo que ocurre es que toda norma jurídica, y por supuesto una Constitución, admite una pluralidad de sentidos y puede ser interpretada de acuerdo con unas directrices u otras. Basta ver la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para comprobar la evolución en la interpretación de determinados preceptos constitucionales sin que esos preceptos varíen, de acuerdo con las circunstancias del momento histórico.

-Muchos ciudadanos consideran que las víctimas de cualquier delito no están bien amparadas por la Justicia. ¿Cuál es su parecer?

-Pienso que el Estado de Derecho tiene que mediar entre dos grandes intereses. Uno es la garantía de los bienes jurídicos básicos de las personas, sus derechos, sus libertades. Porque un Estado que no consigue eso es volver a la ley de la selva. Pero, por otro lado, tiene que ser garantista también con la persona que atenta contra esos bienes para que tenga un juicio con todas las garantías procesales y penales. El Estado de Derecho no se basa en el principio de la Ley del Talión. No busca simplemente la represión de las personas sino sobre todo garantizar que la persona que ha cometido un delito tenga un proceso justo. A veces no se piensa en la gravedad que entraña el que una persona inocente reciba un castigo. Solamente cuando los medios de prueba son inequívocos y cuando existe una total certidumbre sobre la culpabilidad de alguien, esa persona puede recibir un castigo. Mientras, no. La opinión pública no lo comprende porque piensa que ya el sospechoso merece el castigo. La posibilidad de condenar a un inocente es algo que evitar a toda costa.

-Tras la discutida sentencia del caso Marta del Castillo, el Gobierno anuncia reformas legales. ¿El problema estaba en las normas?

-El problema que usted apunta ha sido estudiado por algunos penalistas cuando aluden a lo que llaman el derecho penal simbólico, dirigido sobre todo a calmar la ira en la opinión pública. Cuando hay un grave problema social, el legislador, en lugar de cambiar estructuras sociales, lo cual es muy costoso y muy difícil, dice: "Vamos a sacar una ley". Aun a sabiendas de que su eficacia es discutible. Pero con la ley se calma a la opinión pública. Eso se llama el derecho penal simbólico porque carece de bases reales para resolver el problema que pretende solucionar. Es peligroso porque llega un momento en que la opinión pública se da cuenta del engaño y eso lleva a una crisis, a un descreimiento de la ley, a una falta de respeto a la legalidad.

-Usted es un experto en derechos humanos. ¿Se creyó que Obama iba a cerrar Guantánamo?

-Yo sí me lo creí. Quizá soy muy ingenuo. Para un país democrático como los Estados Unidos, Guantánamo es una contradicción.

-¿El modelo chino de desarrollo sin libertad va a ser secundado más o menos en los países con tradición democrática?

-No, soy más optimista. En la sociedad globalizada, la importancia de la economía es incuestionable. Pero también la sociedad globalizada representa globalización de formas de vida y de valores. En la sociedad china cada vez habrá más personas sensibles hacia valores democráticos y, en un futuro, habrá apertura del régimen chino hacia formas de democracia y participación cívica. Estoy convencido.

-¿Hay retroceso de los derechos humanos en los países europeos?

-Sí. Los derechos sociales y económicos se están viendo mediatizados, y limitados, con la crisis económica. Para su implantación se exigen servicios públicos y prestaciones, y eso obliga al Estado a unos gastos que en esta situación son difíciles de mantener.

-¿Existe riesgo de desafección a la democracia en España, a causa del deterioro socioeconómico?

-La España democrática ya ha tenido que afrontar en otros momentos problemas económicos muy graves. Saldrá adelante si existe una actitud de ejemplaridad por parte de los poderes públicos. Ejemplo de austeridad, de rigor en el gasto. Así podrán exigir al ciudadano que también sea austero y comedido en sus gastos. Pero si no ve ese ejemplo, entonces sí podríamos llegar a un estallido social y a un retroceso en la aceptación de los valores democráticos y de convivencia.

-¿Puede ocurrir en Sevilla?

-Quienes tenemos un trabajo podemos disfrutar de Sevilla. Pero no podemos ignorar la realidad, estamos rodeados de situaciones sociales muy peligrosas y tenemos que evitar a toda costa que en Sevilla existan cada vez más bolsas de marginación. Esto sería muy grave para la convivencia cívica de Sevilla. Por ejemplo, las políticas desarrolladas en las Tres Mil Viviendas no han logrado ser todo lo eficaces que se pretendía, quizá porque el problema es muy grave.

-¿Las ideologías identitarias tendrán fuerza en una sociedad multiétnica y de diversas creencias?

-Hay que buscar un equilibrio gracias a la mentalidad universalista y cosmopolita, la que en el fondo garantiza la paz entre los pueblos y entre las personas. Una mentalidad no ligada a una visión localista y cerrada de los problemas. La tolerancia y el respeto a las ideas y formas de vida tienen como límite el parámetro de los derechos humanos. Son válidas las formas culturales que no representen la negación de derechos humanos, que son innegociables. La ablación del clítoris es un ejemplo claro de lo inadmisible.