La juez de Instrucción número 8 de Sevilla, que investiga una trama de cobro de tasas ilegales en la unidad de Motoristas de la Policía Local, tomó este martes declaración como imputados a otros cinco funcionarios que en algunos casos negaron su implicación en los hechos y en otros admitieron que hicieron "favores" al presunto cabecilla, un agente que falleció en septiembre pasado.

De los cinco agentes que comparecieron ante la juez Carolina Herencia, dos de ellos aseguraron que "nunca" realizaron servicios de escolta de transportes especiales, y otros dos agentes admitieron que sólo participaron en esos trabajos en dos y tres ocasiones, respectivamente, si bien indicaron -al igual que hicieron otros policías imputados que declararon el lunes- que esos trabajos los hicieron cuando se hallaban fuera de servicio, de paisano y que se limitaban a labores de carga y descarga de vallas. Estos agentes añadieron esos trabajos eran una especie de "favor" que hacían al presunto cabecilla de la trama y reconocieron que en alguna ocasión éste les pagaba "20 euros" para gasolina.

Ante la juez también declaró este martes un sargento de la Unidad de Operaciones, al que se imputa una presunta omisión por no actuar cuando tuvo conocimiento de las irregularidades. Este mando policial negó su implicación en los hechos y aseguró incluso que elaboró un protocolo de actuación para los transportes especiales y sobre cómo debían tramitarse las multas, porque ambos extremos no estaban regulados. En cuanto a los transportes especiales, se regulaba la escolta de camiones para guiarles por sitios por donde podían pasar, sobre todo en el centro, lo que obligaba al corte de calles.

La instructora insistió en el interrogatorio de los agentes sobre si conocían que esos trabajos de acompañamiento de vehículos eran incompatibles con su labor policial, a lo que los agentes alegaron que estos "favores" los hacían fuera de servicio, sin distintivos policiales, y pusieron como ejemplo que es como si se dedicaran "a pintar casas" fuera de su jornada laboral.

La juez también tomó declaración a tres testigos, empleados de las empresas de transporte que contrataron los servicios de estos policías locales.