"Y tú más". La polémica desatada por los enchufes en los talleres de distrito centró ayer el Pleno municipal, en el que tanto el gobierno como la oposición se echaron en cara el haber contratado a personas afines a sus siglas políticas y a familiares durante sus respectivos mandatos. PSOE e IU exigieron al alcalde de la ciudad, Juan Ignacio Zoido, que cumpliera su palabra dada en los años de oposición, lo que conlleva a la dimisión de algún miembro del equipo que dirige. Desde la bancada del PP, sin embargo, se elogió la actuación de Zoido -que ha conllevado a que cinco familiares de ediles populares abandonen su trabajo en los talleres- y se pidió a los portavoces socialistas, Juan Espadas y Antonio Muñoz, que tomen ejemplo en el caso de sus respectivas parejas, que mantienen relación laboral con empresas públicas. El delegado de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos, Beltrán Pérez, fue a más y acusó a IU de haberse quedado en 2010 con casi 5.000 euros en la organización de un acto para niños saharauis.

"Transparencia" y "despotismo" fueron las palabras más usadas durante la bronca política que protagonizaron los ediles del gobierno y la oposición -unos para defenderse y otro para atacar- durante el Pleno de ayer, que duró 10 horas. El asunto de los enchufados en los distritos no estaba incluido en ningún punto del día, pero era de prever que saldría a relucir. Lo hizo en el punto 10, cuando se debatía el cambio de rotulaciones de calles -incluida la última de Pilar Bardem- en el que el portavoz de IU, Antonio Rodrigo Torrijos, se refirió a la contratación de familiares y militantes del PP en los talleres de distrito. Fue el inicio de una batalla verbal en la que tuvo que llamar al orden en varias ocasiones el presidente del Pleno, Javier Landa.

Torrijos calificó de "escándalo" esta trama y exigió al PP que actuara con la misma contundencia que pidió al gobierno anterior cuando denunció que la madre del ex concejal Francisco Manuel Silva (IU) trabajaba en una empresa contratada por el Instituto Municipal de Deportes (IMD), entidad controlada por la delegación que el ex edil dirigía. Beltrán Pérez respondió a esta petición con otra acusación en la que preguntó a los concejales de IU, Torrijos y Josefa Medrano, por el destino de 5.000 euros, cantidad equivalente a la diferencia de coste de un acto celebrado para los niños saharauis en 2010 y el que tuvo el verano pasado esta misma iniciativa cuando Participación Ciudadana ya la contralaba el PP.

Pérez expuso que hace dos años la factura por dicho acto -denominado Marcha por la Paz- se elevó a 10.384 euros, precio ya presupuestado en la oferta ganadora de las que presentaron dos empresas "supuestamente" distintas: Visersa y Mora Guillén. Esta última se había hecho con el contrato por una diferencia de 177 euros menos que la otra. Sin embargo, en la documentación a la que ha tenido acceso el PP se comprueba que el domicilio social de ambas empresas es el mismo y que Mora Guillén es propiedad de un familiar de Francisco Manuel Silva, al que ya en el pasado mandato se le adjudicaron varios contratos del IMD. Esta empresa, según Pérez, alquilaba al Ayuntamiento un escenario que era propiedad municipal.

Lo más "llamativo" para el edil popular es que este año se ha vuelto a celebrar la Marcha por la Paz y para ello se ha contratado a otra empresa organizadora por 4.265,70 euros, es decir, por 6.118,3 euros menos. Pérez, además, mantiene que muchos de los elementos contratados en 2011 no fueron suministrados por Mora Guillén en el acto, razón por la cual pidió a Torrijos y Medrano "un poquito más de vergüenza antes de hablar" y que dijeran "en qué bolsillo o en el de quién" está el dinero del sobrecoste.

Ante esta acusación, el portavoz de IU pidió la grabación de las declaraciones de Pérez, al que preguntó el motivo por el cual no había acudido a los tribunales si lo que acababa de decir era cierto. Torrijos calificó al concejal popular de "hooligan parlamentario" y "cobarde", expresión también empleada por su compañera Medrano -anterior delegada de Participación Ciudadana- quien aseguró que los expedientes referidos estaban "totalmente fiscalizados por la Administración y la Intervención". La edil de IU mostró su indignación "tras la acusación directa de robo".