La Fiscalía del Tribunal Supremo ha ido más allá incluso del planteamiento que realizó la Fiscalía hispalense, al exigir al Alto Tribunal que anule la sentencia de la Audiencia de Sevilla que absolvió a tres de los cuatro imputados por el asesinato y desaparición de Marta del Castillo y ordene la repetición de un nuevo juicio con una sala compuesta por tres magistrados diferentes. La postura del Ministerio Fiscal -que no considera necesaria una vista para resolver el recurso- se produce porque, en su opinión, la incorrecta valoración de las pruebas que realizaron los magistrados de la Audiencia ha conducido a una sentencia "gravemente errónea y arbitraria", con independencia del "esforzado trabajo" de la Sala que enjuició el caso.

La Fiscalía, en un escrito de 27 folios, plantea al Supremo cinco motivos para recurrir en casación, en dos de los cuales la acusación pública llega a la conclusión de que el juicio debe repetirse. En esos motivos se alegan vulneraciones del derecho a la tutela judicial efectiva -la Fiscalía muestra su rechazo a las absoluciones de Samuel Benítez, Javier Delgado y María García-, y se solicita además la condena a Miguel Carcaño a otros dos años de cárcel por el delito contra la integridad moral -por haber desarrollado un "ensañamiento del dolor" de la familia con sus continuos cambios de declaración- y que se le imponga además el pago de los 616.319,27 euros de la búsqueda de Marta, al entender la acusación que el gasto fue "provocado directamente" por el asesino con sus cambios de versión.

La Fiscalía pide la repetición de la vista oral porque "comparte" la doctrina del Supremo de que sin oír al acusado no puede revocarse -para condenar- una sentencia absolutoria que se ha producido "tras haber escuchado el tribunal de instancia al acusado y a otros testigos y convencido de su inocencia por razón de esa inmediación". Así se cuestiona qué sucede cuando en la valoración de las pruebas "se observa un razonamiento ajeno a la lógica, al sentido común" y una conclusiones "arbitrarias". En ese supuesto sólo cabe, según la Fiscalía, declarar la nulidad de la sentencia y celebrar un nuevo juicio, pero no porque se discrepe con el fallo, sino porque el Ministerio Público reclama "el derecho a la tutela judicial efectiva, que se permita obtener una resolución fundada en derecho ante la existencia de una sentencia que resulta inadmisible desde los parámetros de la lógica".

La Fiscalía advierte que en casos de tanta "importancia social", las deficiencias en la sentencia "son magnificadas en la conciencia social" y lesiona los derechos de las partes y "los sentimientos de las víctimas", produciendo además un "efecto negativo en la percepción de la Administración de Justicia".

En cuanto a las principales "incongruencias" del fallo, la Fiscalía destaca que se haya situado el horario de salida del cuerpo de León XIII a las 22:15 horas del 24 de enero de 2009 y no de madrugada, cuando dos testigos vieron a Miguel Carcaño y a otros dos jóvenes manipulando una silla de ruedas.