Un juzgado de Sevilla enjuicia este lunes al alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, por unos insultos y agresiones a un policía y por desórdenes públicos presuntamente cometidos durante una manifestación de protesta. En el banquillo de los acusados también se sentará otro de los jornaleros que participaba en la manifestación. La acusación particular la ejerce el abogado del sindicato Unión Federal de Policía (UFP), Nicomedes Rodríguez Gutiérrez, que representa a los agentes que sufrieron estas presuntas agresiones e insultos.

Los hechos ocurrieron el 13 de diciembre de 2010. Según explicaron a este periódico fuentes del caso, ese día salieron de Marinaleda tres autobuses con 150 personas y el alcalde a la cabeza con la intención de entrar a la fuerza en la Agencia Andaluza del Agua, un acto que la Policía impidió.

Posteriormente los manifestantes se fueron a Sevilla Este, donde quisieron irrumpir en la delegación provincial de la Consejería de Medio Ambiente. La Policía tampoco permitió la entrada en esta sede. Luego se marcharon a la oficina de Recaudación del Ministerio de Economía y Hacienda, donde presuntamente insultaron y agredieron a los policías que les impidieron el acceso. Finalmente entraron en una oficina del Banco Santander situada en la Puerta de Jerez y en otra de Cajasol en la calle Sierpes.

Por último, los jornaleros se dirigieron al palacio de San Telmo, cortando el tráfico de la avenida de Palos de la Frontera durante 20 minutos para continuar con la protesta pero ocasionando problemas de tráfico. En uno de los altercados con la Policía, uno de los agentes sufrió lesiones que precisaron que fuera atendido en Urgencias. Sánchez Gordillo asistirá al juicio después de que este domingo participara, junto a medio millar de jornaleros, en la ocupación de una finca pública de la localidad cordobesa de Palma del Río para evitar su subasta, prevista para hoy por la Junta.

El secretario general de la Unión Federal de Policía (UFP) en Sevilla, Antonio Jurado, ya anunció recientemente que su central se querellará contra todas aquellas personas que ataquen o insulten a sus afiliados en el ejercicio de su profesión de policías o acusen injustificadamente a la Policía de malos tratos, vejaciones o detenciones ilegales. Este sindicato ya ganó una sentencia por una agresión a un policía nacional durante un altercado ocurrido en una caseta de Feria.