El Ayuntamiento de Sevilla ha suspendido de empleo y sueldo a cuatro policías locales del Grupo Giralda a los que se acusa presuntamente de falsificar actas de asistencia a juicios para cobrar dietas. La Fiscalía de Sevilla abrió una investigación a principios de 2011 sobre este presunto fraude y ahora ha presentado una denuncia al decano de los jueces para que se abra una investigación judicial. En este escrito, el Ministerio Público solicita que se abran diligencias por lo que podría constituir un delito de falsedad documental y otro de estafa continuada, así como que se tome declaración a los agentes en calidad de imputados. El importe total del fraude podría superar los 10.000 euros.

Antes de que se inicie el proceso judicial, el Ayuntamiento ha decidido ya expedientar a los agentes y suspenderlos de empleo y sueldo por la gravedad de los hechos que se investigan. La suspensión es en principio por un periodo de seis meses, pero este plazo podría ser prorrogable. Los policías no están todavía imputados en el juzgado, si bien la Fiscalía ha pedido su imputación y ya tienen abiertos los correspondientes expedientes disciplinarios. Por el momento no han sido llamados todavía a declarar ante el juez y sólo han sido citados el próximo lunes 19 de marzo para el trámite de recogida de la denuncia, previo al inicio de las actuaciones judiciales.

Los cuatro agentes investigados pertenecen al Grupo Giralda, la unidad de paisano de la Policía Local especializada en la vigilancia del casco histórico. La investigación la abrió a principios del año pasado la propia fiscal jefe, María José Segarra, después de que el Ayuntamiento detectara que varios agentes del Grupo Giralda habrían cobrado supuestamente dietas por asistencia juicios de faltas a pesar de que no habrían acudido realmente a declarar en las sesiones celebradas a raíz de las distintas actuaciones policiales.

La Fiscalía solicitó la colaboración de los veinte juzgados de instrucción de la capital andaluza, a los que reclamó que certificaran la presencia de estos policías en los distintos juicios de faltas celebrados en los últimos años. Este trabajo se ha prolongado durante más de un año, ya que ha consistido en revisar uno a uno los documentos relacionados con todos los juicios en los que hayan intervenido estos policías desde hace al menos cinco años.

El modus operandi consistiría en que los agentes habrían acudido con posterioridad a la celebración del juicio para pedir en los distintos órganos judiciales un certificado de asistencia -aunque no hubiesen comparecido finalmente en la vista oral- y ese documento sellado por el juzgado habría sido presentado en la Jefatura para el cobro de la correspondiente dieta. También se ha investigado si alguno de los agentes, que sí acudía al juicio, solicitaba justificantes para otros compañeros que no habían asistido, supuestamente con la misma finalidad de cobrar esos complementos económicos.

La Fiscalía también podría haber encontrado indicios de que se hubieran falsificado algunos sellos judiciales, de ahí que se denuncie a los policías por falsedad documental, además de la estafa continuada. Fuentes del caso aseguraron ayer a este periódico que los agentes podrían haber realizado estas prácticas irregulares en muchas ocasiones. Entre los cuatro agentes podrían haber defraudado más de 10.000 euros a las arcas públicas a lo largo de varios años, según las primeras estimaciones.

Los policías locales cobraban hasta el pasado verano 36 euros por asistir a un juicio, siempre y cuando estuvieran libres de servicio, dado que este complemento no se percibía en caso de que estuvieran trabajando. Si el agente tuviera que asistir a más de un juicio la misma mañana, percibiría entre 15 y 20 euros más. Este sistema de pagos fue eliminado por el Ayuntamiento en verano de 2011. Dada la maltrecha situación de las arcas públicas, el Consistorio dejó de pagar dietas por asistir a juicios y las sustituyó por horas libres. Desde septiembre de 2011, los funcionarios que tienen que asistir a un juicio en su día de descanso perciben cuatro horas libres y si comparecen en dos o más sesiones en la misma jornada reciben un día libre.

Esta investigación iniciada por la Fiscalía la ha estado llevando el Grupo Especial de la Policía (Gepol), la unidad de asuntos internos que creó el antiguo jefe de la Policía Local, José Aulet. Este grupo se formó para investigar específicamente la presunta trama dedicada al cobro ilegal de tasas y después se le encargó este nuevo trabajo. Las pesquisas arrancaron a principios de 2011, cuando uno de los oficiales del Grupo Giralda tuvo conocimiento del posible fraude e informó del mismo al ex jefe, José Aulet, que remitió el caso a la fiscal jefe, María José Segarra.