El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha notificado a la Universidad de Sevilla que debe derribar a su costa todo lo construido del frustrado proyecto de la biblioteca del Prado, poniendo fin así a uno de los asuntos más polémicos de la ciudad desde que, en agosto de 2008, un juzgado de Sevilla decidiese la primera suspensión cautelar de las obras tras una demanda vecinal en 2006. Y ese "todo" incluye también parking subterráneo que la Hispalense pretendía indultar de la piqueta con el argumento de preservar en lo posible la inversión pública de seis millones de euros ya realizada.

El auto emitido el pasado 4 de junio por la sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA no puede ser más contrario a los intereses de la Hispalense, que cosecha un nuevo fracaso judicial en una cuestión que le ha supuesto un importante desgaste de su imagen. "Que por la Universidad de Sevilla se proceda a la demolición de lo construido sobre la zona verde y el parque preexistente, así como los aparcamientos construidos en el subsuelo y la reposición de materiales y arbolado necesario para que el frente oriental se restaure como zona verde y armonice con el resto del parque", dice claramente el auto del alto tribunal.

Además, para evitar cualquier dilación, el TSJA le da a la Universidad de Sevilla un "plazo máximo" de un mes para que le informe sobre "el calendario de las sucesivas actuaciones con las que se pretende acometer la ejecución de la sentencia". También le exige la "identificación de la autoridad o funcionario responsable de la ejecución de la sentencia".

Pero el auto del TSJA no sólo tiene palabras para la Universidad y declara tajantemente la "responsabilidad de las tres administraciones codemandadas en la ejecución de la sentencia". Es decir, que señala claramente a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Sevilla, pese a los esfuerzos que ambas han realizado para aparentar que este asunto no les concierne. Precisamente, el Grupo Municipal Socialista reprochó ayer al alcalde, Juan Ignacio Zoido, "su nula voluntad para buscar una solución urbanística que impidiese el despropósito de la demolición y el desperdicio de una inversión ya ejecutada". Sin embargo, el PSOE municipal no entró a valorar el papel de la Junta de Andalucía.

El auto se puede ver también como una regañina a las tres administraciones, que no han "llevado a cabo actuación alguna tendente al cumplimiento del fallo de la sentencia" del 4 de junio de 2009, que obligaba claramente a restablecer la realidad existente en el Prado antes de iniciarse las obras del proyecto de la arquitecto angoliraquí Zaha Hadid. El TSJA recuerda "el deber constitucional y legal del cumplimiento de la sentencia de las tres administraciones demandadas, con independencia de que lógicamente las obras materiales para su ejecución las iniciase y llevase a cabo la Universidad de Sevilla como administración actuante".

El auto del Alto Tribunal ha caído como un jarro de agua fría en la Universidad de Sevilla, institución que primero luchó para poder construir la biblioteca y, después, para salvar los cuatro grandes pilares ya construidos, cuya misión era soportar la gran estructura en forma de barco diseñada por Zaha Hadid. También proponía preservar el parking con capacidad para 80 vehículos que ya estaba prácticamente terminado en el subsuelo de lo que iba a ser la biblioteca y que facilitaba el aparcamiento en una zona saturada de coches.

Para ello propuso a los vecinos una ejecución de la sentencia que asegurase la reutilización de los pilares y otras estructuras sobre rasante con el fin de construir un "jardín colgante" con servicios como cafetería y mirador para pájaros. Esta propuesta fue considerada por los demandantes, que han estado representados por el Bufete Prado, como un "chiste" y una "broma".

Después de fracasar en su negociación con los vecinos, la Universidad hizo esta propuesta de ejecución de sentencia al mismo TSJA, junto a otra en la que se preservaba sólo el parking. El auto del TSJA desdeña las dos y destaca su "falta de consistencia jurídica", según el análisis remitido a esta redacción por parte del abogado Emilio Molina Lamothe, quien ha liderado toda la batalla legal. Según el letrado, "en el día de hoy [por ayer] se pone fin al proceso judicial iniciado en 2006 con los recursos contencioso administrativos interpuestos por esta dirección letrada en nombre de siete comunidades de propietarios del entorno del Prado y la Asociación de Vecinos Barriada Huerta de la Salud". Asimismo, confió en que la Hispalense inicie el derribo de lo ya construido "con la máxima diligencia" y "a la mayor brevedad posible, cumpliendo sin más dilaciones todo lo ordenado por el TSJA".

Así las cosas, y como en su día ordenó el TSJA, la Universidad de Sevilla deberá ahora iniciar la completa reposición de todo el mobiliario urbano (fuentes, bancos, farolas, verjas, juegos infantiles, etc...). También tendrá que reponer a su costa el arbolado extraído (unos 230 ejemplares), tanto el que replantó en otros lugares de la ciudad como el que no sobrevivió a la operación.

Seis años después de aquella demanda vecinal que algunos ningunearon, de seis millones de euros públicos gastados, de numerosos árboles desaparecidos, de toneladas de papel gastadas en pleitos, de innumerables expectativas frustradas, el Parque del Prado volverá a ser igual que el que se inauguró en el 11 de junio de 1997, cuando era alcaldesa Soledad Becerril.