La jurisdicción Social es actualmente una de las más saturadas, al haber recibido una avalancha de asuntos derivados de la crisis económica. Como consecuencia de este incremento de la carga de trabajos, los juzgados de lo Social, que dirimen litigios laborales como las demandas por despido y las reclamaciones de cantidad o contra las prestaciones acordadas por la Seguridad Social, se están viendo obligados a retrasar la celebración de los juicios hasta incluso a cuatro años vista: a 2016. Los juicios por despido, a pesar de que tienen una tramitación preferente, se están fijando ya para octubre de 2013, casi un año después. La situación es más alarmante en las demandas que no tienen esa tramitación preferente, como las reclamaciones de cantidad o cuando un trabajador reclama contra la Seguridad Social para que se le reconozca una situación de enfermedad -este supuesto es el de algunos juicios fijados para el año 2016-.

El documento que se reproduce junto a esta información es un ejemplo del retraso que acumulan las vistas orales en la jurisdicción Social. En el mismo puede leerse cómo un determinado juzgado ha fijado la celebración de un juicio para el 29 de junio de 2015, a partir de las 10:10, aunque se le cita unos minutos antes para el acto de conciliación ante la secretaría del juzgado.

El representante de Justicia de CSIF en Sevilla, Miguel Ángel Ramos, mostró ayer la "preocupación" de este sindicato ante este retraso, por cuanto los trabajadores que pierden su puesto y solicitan la tutela judicial no comprenden la demora. "La dura realidad es que los trabajadores están firmando los acuerdos más leoninos e injustos con los empresarios, ya que no pueden esperar tanto tiempo", denuncia el representante sindical.

Miguel Ángel Ramos tildó de "obsceno" el retraso en los señalamientos de los juzgados de lo Social porque, según explicó, "si hay un orden jurisdiccional que un gobierno democrático debe cuidar ése es el Social, pero la Junta de Andalucía ha dado completamente la espalda a los trabajadores y los ha abandonado a su suerte", y consideró una "burla a la ciudadanía" el refuerzo destinado a esta jurisdicción y que está compuesto por una magistrada, una secretaria y tres funcionarios para los 11 juzgados.