La Fiscalía de Sevilla ha abierto una investigación sobre el presunto fraude en las pruebas de acceso a la Policía Local. Tras recibir la denuncia de un opositor, el Ministerio Público ha abierto unas diligencias de investigación por unos hechos que podrían constituir en principio un delito de prevaricación y otro de tráfico de influencias, ya que son más de una veintena de familiares de policías, mandos y sindicalistas los que han conseguido plazas en las oposiciones. La Fiscalía ha ordenado al Grupo Especial de la Policía (Gepol), la unidad de asuntos internos del cuerpo, que se haga cargo de la investigación de este asunto y practique las gestiones oportunas para esclarecer si hubo o no falta de limpieza en la selección del personal.

Al existir ya una investigación interna en marcha por parte del Gepol, que ha tomado declaración a varios de los aspirantes en las últimas semanas, la Fiscalía ha solicitado a este grupo que le dé traslado del estado actual de las pesquisas. El Ministerio Público ha reaccionado así a la denuncia de un opositor que alertó de las irregularidades en las pruebas de acceso y que solicitó la paralización de las mismas.

Este año se han celebrado de manera paralela dos convocatorias, una de 56 plazas y otra de 47. En la denuncia se explica que, una vez realizado el cuarto ejercicio de los cinco que componen la prueba, seis opositores se encontraban en posición de poder elegir plaza en cualquiera de las dos promociones. Ninguno de los seis se presentó al último examen, el del reconocimiento médico, en los días establecidos para ello, del 18 al 23 de octubre. En cambio, fueron citados unos días más tarde, el 29, para pasar la prueba médica en una clínica privada de la ciudad.

El denunciante asegura en su escrito a la Fiscalía que le consta "de forma fehaciente por los seis aspirantes" que éstos habían decidido formar parte de una de las convocatorias porque estaban mejor situados en el escalafón. Pese a ello, y tras una reunión con uno de los máximos responsables del cuerpo decidieron repartirse tres en una de las promociones y tres en la otra. Este encuentro se produjo el 22 de octubre, siete días antes de que pasaran su peculiar reconocimiento médico fuera del plazo legal.

Con esta maniobra quedaban libres tres plazas en la primera convocatoria, permitiendo así el el acceso a una de ellas de la hija de uno de los mandos de la Policía Local, que hasta entonces se había quedado fuera. Según la denuncia, esta joven no cumple con el requisito de la estatura -1,60 metros- establecido en las bases de la convocatoria.

La denuncia también hace referencia a los tres opositores que han obtenido plaza sin reunir los requisitos exigidos, ya que no disponían en el plazo establecido en la convocatoria del carné de conducir tipo A, específico para pilotar motos de gran cilindrada. Sin embargo, no sólo lograron presentarse a los exámenes, sino que los aprobaron y están ya formándose en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA). Uno de estos tres admitidos es hermano de la compañera sentimental de un miembro del tribunal, que es además el mismo mando policial que se reunió con los seis aspirantes que no se presentaron al reconocimiento médico y que fueron repartidos en las dos convocatorias.

Antes de realizar una de las pruebas, concretamente la psicotécnica, el Ayuntamiento avisó de que comprobaría todos los carnés y de que presentarse sin tenerlos podría constituir un delito de falsedad. Esto hizo que al menos doce opositores desistieran de seguir adelante en el proceso, pese a que alguno tenía una nota media que le habría valido para obtener plaza.