El pago de casi 600.000 euros a los policías locales no podía considerarse una productividad e iba en contra de una ley estatal. Así lo expuso el interventor general del Ayuntamiento de Sevilla en un informe emitido el pasado 5 de diciembre, cinco días antes de que el gobierno municipal aprobase definitivamente el pago en una junta de gobierno extraordinaria celebrada el pasado lunes.

El interventor se opuso al pago de esta cantidad en concepto de productividades y expresó su reparo a la decisión del Ayuntamiento de recompensar así el trabajo de los policías. Su argumento se basaba en varios puntos, según consta en el informe, al que ha tenido acceso este periódico. El primero es que los programas de productividad "deben aprobarse por el órgano competente con carácter previo a la realización de los trabajos", mientras que el acuerdo aprobado por el gobierno afectaba a funciones ya realizadas.

Es decir, el gobierno premiaba la labor de los policías después de que hubieran realizado el trabajo. En la práctica el gobierno trataba de encontrar en estas productividades una justificación para pagar los atrasos pendientes a los policías fruto del cambio de categoría de funcionarios. Así, el acuerdo firmado por el concejal de Movilidad y Seguridad, Demetrio Cabello, y cuatro de los cinco sindicatos con representación en el Consistorio, calificaba el abono de estos complementos como una "recompensa" a los agentes por incrementar su intensidad de trabajo. El texto hacía mención a la labor de la Policía contra la botellona, contra los gorrillas y contra los clientes de la prostitución callejera. En todos ámbitos se habían incrementado con creces las multas y controles efectuados por la Policía.

Sin embargo, el interventor considera que los trabajos por los que se premia a los agentes son "inherentes" al cuerpo de la Policía Local. "Los programas de productividad deben concretar las actuaciones incluidas en dicho término y no convertirse en un concepto amplio en el que se incluye cualquier actuación policial. En virtud de lo anterior no se acredita que se retribuya como productividad una especial intensidad en el trabajo sino la actividad habitual del funcionario", explica el informe. El interventor continúa explicando que la división de una cantidad fija de manera igual para todos los policías es un "mero reparto lineal de retribuciones".

Además, el informe recuerda que un real decreto de 2010 establecía la necesidad de reducir los créditos destinados a estos pluses en un 5% y que el abono de los mismos podría ser objeto de impugnación al ir en contra de los recortes decretados por el Gobierno central. Pese al reparo del interventor, el Ayuntamiento aprobó el pago el lunes, después de que la retirada del orden del día el viernes por un error en las cifras. La aprobación generó una fuerte polémica entre el gobierno y la oposición.