Las demandas relacionadas con el proceso de escolarización se han multiplicado en la última década. No son ninguna novedad. Los diez juzgados de lo contencioso-administrativo de Sevilla reciben más de 30 casos de este tipo anualmente. En total, más de 300 cada año. Así lo afirma la abogada María Dolores Baquero, quien lleva ocho años representando a padres cuyos hijos se han quedado sin plaza en los centros concertados de Sevilla. Esta letrada tramita entre 10 y 12 demandas de escolarización al año. Durante este tiempo ha constatado cómo los juzgados se saturan cada vez más con estos casos.

De ellos, muy pocos son los que llegan hasta el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), ya que la mayoría de los padres suelen conformarse con las medidas cautelares dictadas por un juez de lo contencioso-administrativo. Esta situación es habitual en el inicio de curso. Tras el periodo de reclamaciones -una vez que se ha publicado la lista de admitidos de un colegio- se produce un nuevo "reajuste", por lo que muchos niños que en un principio habían conseguido plaza se quedan sin ella a pocas semanas de comenzar las clases.

Es entonces cuando se acude a un juzgado para solicitar medidas cautelares con las que el menor pueda entrar en dicho colegio. Baquero señala que "aunque no es un proceso automático, la tónica general es concederlas por la premura de tiempo". Con estas medidas el niño ya puede ingresar en el colegio. Aquí es donde muchos padres se desentienden del proceso, que continúa vigente hasta que haya sentencia definitiva. En caso de ser contraria al deseo de los padres, la Junta puede exigir que el menor deje el centro educativo.

Éste es el caso más atípico, porque los reiterados fallos judiciales del TSJA demuestran que su sala de lo contencioso-administrativo avala siempre el derecho de los padres a la libre elección del centro educativo para la enseñanza de sus hijos, por encima de los criterios que establecen la ratio de 25 alumnos en las aulas de Infantil y 30 en las de Primaria para prevenir que la masificación perjudique a la calidad de la enseñanza. Las últimas sentencias dictadas por el TSJA sobre esta cuestión son una clara muestra de su posición.

Pese a ello, estos fallos no han hecho mella en el proceso de escolarización de la Junta de Andalucía, ya que desde la Administración autonómica se considera que estas sentencias sólo tienen una dimensión "individual, concreta", que no ponen en tela de juicio la normativa autonómica marco en este apartado educativo.

Los padres pueden iniciar otro pleito para exigir daños y perjuicios a la Administración por haber privado a sus hijos de ser educados en los colegios que ellos desean y por el proceso judicial en el que se han visto inmersos. Aunque todavía no se ha precisado una cuantía exacta, María Dolores Baquero insinúa que la cantidad reclamada puede ser bastante elevada, ya que además de las costas judiciales hay que añadir los problemas psicológicos y los daños morales originados por la situación a la que se enfrenta los niños y los padres. A ello se suma el hecho de que muchos menores que se han quedado sin plaza en los concertados han sido matriculados en colegios privados, lo que eleva sustancialmente la indemnización exigida a la Junta.