Una sangría que no cesa. El año pasado se tramitaron en el partido judicial de Sevilla un total de 1.393 procedimientos de desahucio, lo que supone un incremento del 6,49% con respecto a los 1.308 que se habían contabilizado en 2011, según reflejan las estadísticas judiciales del decanato. En los últimos seis años se han registrado 7.934 desahucios, lo que muestra la magnitud de un problema social que ha llevado incluso a los jueces a reclamar un cambio de la ley hipotecaria que permita que los jueces dejen de considerarse como "meros cobradores del frac".

Desde el año 2007, en que se inició la crisis, el número de desahucios se ha mantenido en Sevilla por encima del millar y tan sólo se registró un leve descenso, apenas perceptible, entre los años 2010 y 2011, cuando se pasó de 1.440 a 1.308 desahucios. En cualquier caso, cada día una media de en torno a cuatro personas se ven obligadas a abandonar sus viviendas al verse inmersas en un proceso de desahucio. Las medidas puestas en marcha por el Gobierno para frenar esta situación, como el decreto de marzo pasado contra los desahucios, no están dando resultados, al menos, en Sevilla.

Otra de las variables estadísticas que refleja la complicada situación que han padecido y siguen padeciendo en la actualidad muchas familias sevillanas viene reflejada por las cifras de demandas de ejecución de inmuebles hipotecados, los procedimientos que se inician para sacar a la venta las viviendas cuyos propietarios no han podido hacer frente al pago de los créditos que pesan sobre las mismas.

El año pasado se contabilizaron un total de 1.689 demandas de ejecución de inmuebles hipotecados, lo que ha supuesto un incremento del 15,92% con respecto a las 1.457 que hubo en el año 2011. En los últimos seis años, se han contabilizado un total de 7.891 ejecuciones hipotecarias, habiendo pasado de las 500 que se registraron en el año 2007, al inicio de la crisis, a las 1.689 del pasado año, una cifra récord en el período analizado.

Nunca hasta ahora se habían presentado tantas ejecuciones hipotecarias, porque hasta este momento el peor año había sido 2009, con 1.533 procedimientos para sacar a subasta las viviendas hipotecadas.

El resto de estadísticas judiciales que ponen de manifiesto los efectos de la crisis tampoco son halagüeñas. Así, los procedimientos monitorios, que son aquellos en los que se reclaman deudas que no superan los 250.000 euros y sobre las que existe un soporte documental o factura -como los préstamos al consumo o las ventas a plazo-, han experimentado un crecimiento del 1,76%. El año pasado se repartieron entre los juzgados de Primera Instancia de Sevilla un total de 17.573 monitorios frente a los 17.269 de 2011, lo que supone que, lejos de reducirse, se mantienen e incluso suben levemente.

Los denominados juicios ordinarios, que se plantean para exigir deudas superiores a los 6.000 euros, han arrojado un pequeño incremento del 1,31% a final de año: de 3.203 a 3.245.

Sólo dos variables reflejan descensos. Los juicios verbales, en los que se dirimen cuestiones como el impago de rentas por arrendamiento y cuya cuantía no excede de los 6.000 euros, alcanzaron el año pasado la cifra de 4.111, lo que supone un descenso del 11,45%.

La otra estadística positiva procede de los denominados juicios cambiarios -los que se promueven para cobrar una letra de cambio, un cheque o un pagaré-, que han sufrido una caída de un 25,61% en 2012 con respecto al año anterior. Se ha pasado de los 1.218 juicios cambiarios registrados en 2011 a 906.

El decano de los jueces de Sevilla, Francisco Guerrero, apuntó este domingo que el descenso de los juicios verbales y de los cambiarios puede obedecer a su vez a la reducción de la actividad económica como consecuencia de la complicada situación que vive el país.

La crisis y su repercusión en los juzgados ha motivado que en los últimos años se superen ampliamente los módulos de trabajo que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el máximo órgano de gobierno de los jueces, considera como adecuados por cada órgano judicial y año, lo que ha llevado a los jueces de Sevilla a solicitar en reiteradas ocasiones un incremento del número de juzgados que hay en la capital y otras medidas de refuerzo coyunturales mientras persista la actual situación económica con sus efectos sobre los juzgados.