La defensa de Ángel Rodríguez de la Borbolla, ex alcalde socialista de Cazalla de la Sierra (Sevilla), ha negado los delitos de falsedad y prevaricación que le imputa la Fiscalía por actuar como regidor sobre una finca de su propiedad de terreno rústico que vendió como urbano. 

La defensa del ex alcalde, en un escrito, dice que los hechos "no ocurrieron como los describe el fiscal y la acusación particular y no son constitutivos de delito". 

"Ante la inexistencia de delito, no podemos hablar de circunstancias atenuantes ni agravantes" y "procede la libre absolución", sostiene la defensa frente a la posición de la Fiscalía, que solicita dos años de suspensión y nueve de inhabilitación para Rodríguez de la Borbolla por un delito de falsedad documental y otro de prevaricación. 

Un juzgado penal de Sevilla enjuiciará en los próximos meses al ex alcalde y al ex secretario municipal Jaime F.F., para quien el fiscal pide dos años de suspensión por un delito de falsedad documental. 

Cuando Rodríguez de la Borbolla era alcalde de Cazalla, el Ayuntamiento propuso, como acceso a una urbanización que se estaba construyendo, denominada Olivar de la Vega, un vial que atravesaba una finca de la que era copropietario el entonces regidor del municipio. 

Esta operación, según la Fiscalía, reportó al imputado "un beneficio económico importante por los acuerdos paralelos que alcanzó con el Ayuntamiento, representado asimismo por él". 

El Ministerio Público considera que el consistorio recibía del alcalde parte del terreno rústico como cesión gratuita para uso como vial o acceso rodado, y a cambio acordaba eximirle "en compensación por la cesión" del pago de la parte de los costes de urbanización que correspondieran a la zona urbanizable de su propiedad ubicada "entre el referido camino acceso y las parcelas colindantes". 

Junto a estos hechos, y como parte de la compensación por la cesión, se acordaba recalificar de rústico a urbano un trozo de terreno, propiedad del imputado y su familia "que quedaba entre el nuevo acceso y el plan parcial", unos acuerdos certificados por el entonces secretario del Ayuntamiento. 

La defensa del ex alcalde argumenta que éste se abstuvo siempre de participar en las reuniones municipales en las que se trataron asuntos relativos a su finca. 

Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente de la Junta de Andalucía José Rodríguez de la Borbolla, está imputado desde marzo de 2012 por el caso de los ERE fraudulentos, aunque aún no ha declarado ante la juez Mercedes Alaya. 

Según el auto de imputación, Rodríguez de la Borbolla habría obtenido 9.009.108 euros en ayudas concedidas, entre 1983 y el 2003, por la Consejería de Empleo de la Junta mediante un "entramado de empresas" y "sin mediar solicitud".