El próximo miércoles volverá a ser un día histórico para la Justicia española, que reeditará la huelga que hace cuatro años llevó a los jueces a echarse a la calle para protestar por la falta de medios con la que desarrollan a diario su labor. Entre la jornada del 18-F de 2009 y esta huelga hay varias diferencias de gran trascendencia.

En esta ocasión y a diferencia de hace cuatro años, la huelga no ha sido convocada sólo por las asociaciones profesionales de jueces, sino que a la protesta, que se espera multitudinaria en toda España, se sumarán las asociaciones de fiscales, en el marco de la Comisión Interasociativa que ha reunido a ambas carreras.

En los últimos cinco meses, la Comisión interasociativa ha plantado cara a las distintas reformas que ha ido anunciando el Ministerio de Justicia, sin consultar ni dialogar con estas asociaciones profesionales. Antes de llegar a la postura drástica de la huelga, ambos colectivos han realizado distintas acciones, como la convocatoria de juntas generales y un paro parcial.

De las siete asociaciones que integran la Comisión Interasociativa, sólo dos, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), ambas mayoritarias en las carreras fiscal y judicial, respectivamente, han rechazado finalmente la huelga. Las secciones territoriales de la APM en Andalucía se han desmarcado de esta postura y han anunciado su respaldo al paro del 20-F, lo que supone una cuota importante dado el número de jueces que hay en esta comunidad.

El resto de asociaciones que sí apoyan sin fisuras la jornada de huelga son la asociación de Jueces para la Democracia (JpD), Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente (FJI), así como la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

Otro de los elementos que diferencian esta huelga de la que tuvo lugar hace cuatro años está en las propias reivindicaciones del sector. La protesta de 2009 surgió a raíz del escándalo que se produjo por los errores judiciales relacionados con el caso Mari Luz y el hecho de que el asesino de la pequeña onubense siguiera en libertad a pesar de que tenía una sentencia firme para ingresar en prisión por haber abusado de su propia hija. El caso puso de manifiesto la falta de control de las ejecutorias de las sentencias y los jueces se rebelaron contra el entonces ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, denunciando la falta de medios materiales y personales con la que desarrollaban su labor a diario. Hubo jueces que manifestaron que se sentían como si estuvieran "sentados encima de un polvorín" que podía saltar por los aires en cualquier momento, dada la saturación de sus juzgados y la imposibilidad de mantener un control de las ejecuciones de sentencias.

En esta ocasión, la huelga de este miércoles tiene, aparentemente, unas motivaciones de mayor calado. Sin olvidar la falta de inversiones en Justicia, el problema de la carga de trabajo de los juzgados y tribunales, y la congelación de la oferta de plazas de jueces y fiscales, en esta ocasión ambas carreras denuncian que las reformas emprendidas por el Ministerio de Justicia suponen un ataque a la independencia, competencias y funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el máximo órgano de gobierno de los jueces.

La reforma cambia el sistema de elección de los miembros del CGPJ para limitar la intervención de las asociaciones judiciales, le resta potestad reglamentaria y le retira la autonomía presupuestaria.

Además de oponerse a esta reforma, los jueces también rechazan los recortes salariales y estatutarios, pero en cualquier caso rechazan que las movilizaciones obedezcan, como aseguró Alberto Ruiz Gallardón, a la pérdida de la paga extra de Navidad. Sobre todo, los jueces y fiscales reivindican que el CGPJ mantenga su "actual estructura y competencias" y que se potencie el Consejo Fiscal, por lo que rechazan cualquier modificación que "mine la independencia e imparcialidad" del Poder Judicial.

Los jueces y fiscales también exigen que se mantenga la "autonomía presupuestaria" del CGPJ y de la Fiscalía General del Estado para garantizar la eficacia y la autonomía del Ministerio Fiscal. De la misma forma, reclaman el aumento de la planta de jueces y fiscales hasta alcanzar los parámetros de la media europea y se oponen a la eliminación de los sustitutos en ambas carreras.

La polémica ley de tasas o tasazo judicial, que el ministro de Justicia anunció la semana pasada que va a modificar a la baja, también figura como una de las últimas reivindicaciones que constituyen la munición de la huelga del miércoles, ya que jueces y fiscales apuestan por unas tasas judiciales moderadas, que no limiten el acceso a la Justicia de los ciudadanos.

El resultado de este nuevo pulso de jueces y fiscales a Gallardón se conocerá en las próximas 48 horas, aunque las asociaciones confían en repetir el éxito de la huelga de hace cuatro años.