La juez Mercedes Alaya envió ayer de nuevo a prisión al ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero Benítez, en el marco de una macrooperación policial contra el cobro de "sobrecomisiones" en las pólizas de prejubilaciones financiadas por la Junta de Andalucía.

La operación policial coordinada por Alaya, que investiga el escándalo de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, permitió la detención de 20 personas y la práctica de 13 registros domiciliarios en seis provincias distintas, según han confirmado fuentes judiciales. El despliegue llevado a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) en la denominada operación Heracles se produjo tan sólo dos semanas después de que la juez Alaya se reincorporara de su baja por enfermedad y supone el final de las investigaciones que se han desarrollado en secreto desde noviembre pasado en torno al pago de las supuestas comisiones ilegales relacionadas con las prejubilaciones y el "desvío de fondos públicos" a terceras personas.

La juez sospecha que en esta nueva trama se han podido producir hasta ocho delitos, puesto que los que ya se investigaban con anterioridad -prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias-, ahora hay que sumar delitos igualmente graves de cohecho, blanqueo de capitales, asociación ilícita, falsedad documental y contra la Hacienda Pública.

La operación se desarrolló de forma simultánea en Sevilla, así como en las provincias de Jaén, Cádiz, Madrid, Barcelona y Las Palmas. En total se practicaron 13 registros: cuatro en Sevilla, cuatro en Jaén, dos en Granada, dos en Cádiz y uno en Madrid.

En Sevilla, la Guardia Civil registró la sede de la intermediaria Uniter en la Plaza Nueva y la sede del bufete Estudios Jurídicos Villasís, en el edificio Viapol, así como el domicilio particular del abogado de este despacho, Carlos Leal Bonmati, y del presunto testaferro Eduardo Leal del Real.

En la provincia de Jaén, los investigadores registraron tres fincas del supuesto "conseguidor" de los ERE y uno de los principales imputados en esta operación, el ex sindicalista Juan Lanzas Fernández, así como el domicilio de sus padres. En relación con Lanzas, también se procedió al registro del domicilio y del despacho profesional de su cuñado, Ismael Sierra García, responsable de la empresa Maginae Solutions.

En Jerez de la Frontera, la Guardia Civil entró en la sede de las empresas Uniter, Cureña e Ingotor Seguros, y en el domicilio del responsable de Uniter, José González Mata. Por último, la Guardia Civil registró en Madrid el domicilio del director de Vitalia Antonio José Albarracín Muñoz y de su esposa, donde además tiene su sede la empresa Permar 21, investigada dentro de la supuesta trama de desvío de fondos públicos que se investiga.

En todos los registros, la Guardia Civil ha procedido a la intervención, sobre todo de material informático, como ordenadores y discos duros, dado que se trata de localizar documentos electrónicos que corroboren los delitos que se investigan.

Entre los detenidos se encuentran el presunto testaferro Eduardo Leal del Real, que habría recibido cheques por importe de más de 1,5 millones. Eduardo Leal figura como administrador único de las empresas Atrado Mensajería y Estudios Agenciales, mientras que en Distripack Transporte Urgente, que recibió 362.500 euros, aparece como administrador solidario junto a Juan Francisco Algarín, el otro testaferro que está en prisión por orden de la juez Alaya. Muchas de las personas detenidas son mujeres, ya que han sido arrestadas las esposas.

También está detenido José Luis Leal Bonmati, abogado del bufete Estudio Jurídico Villasís y hermano de Carlos Leal, quien no ha sido arrestado pero que ha sido citado a declarar el próximo sábado en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. El mismo día debe comparecer el responsable de la mediadora Uniter, José González Mata.

Por su parte, el que fuera subdirector de la empresa pública Mercasevilla Daniel Ponce, y que fue mencionado por el testaferro como una de las personas que le entregó dinero en metálico, ha sido citado a declarar hoy mismo.

El despacho Villasís realizó labores de intermediación y asesoramiento jurídico en varios ERE que se investigan, como el del restaurante Río Grande y la empresa Aglomerados Morell. En este bufete trabajó como comercial el supuesto "conseguidor" de los ERE, el ex sindicalista Juan Lanzas, que figura como una pieza central en la investigación de la Guardia Civil, pero que en esta operación de momento sólo ha sido citado a declarar, al igual que el responsable de Vitalia, Antonio José Albarracín.

Tampoco fue inicialmente detenido el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, que finalmente fue encarcelado por orden de Alaya, después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara su ingreso en prisión provisional. Guerrero prestó declaración durante casi tres horas pese a que su abogado, Fernando de Pablo, le aconsejó que se acogiera a su derecho a no declarar al tratarse de una investigación que todavía está bajo secreto de sumario.

El propio Guerrero explicó a los periodistas antes de conocer su encarcelamiento que estaba igual de "preocupado que siempre", porque no es una situación agradable. Guerrero añadió que Alaya le preguntó sobre aspectos a los que ya había respondido antes y otras cosas que ha "ampliado", pero no quiso entrar en detalles. "Ante el vicio de pedir, está la virtud de no dar", declaró Guerrero en relación con la petición de prisión de la Fiscalía Anticorrupción, que basó esta solicitud en el posible riesgo de fuga, la alteración de pruebas y el posible contacto con otros imputados en esta operación.

Guerrero es una de las nueve personas que han sido citadas judicialmente en esta operación, en la que, al cierre de esta edición, la juez aún no se había pronunciado sobre la decisión respecto al ex director de Vitalia Antonio José Albarracín, que también fue citado a declarar ayer en el marco de esta nueva operación.