Las uniones provinciales de CCOO y UGT en Sevilla y las principales fuerzas políticas, PP, PSOE e IU-CA, han sellado este miércoles el Acuerdo en defensa de la Industria Sevillana. Ante las deslocalizaciones y cierres promovidos recientemente por empresas emblemáticas de la provincia como Roca, Danone o Saimaza, este acuerdo se traduce en un "protocolo" para actuar ante casos similares y trasladar a las administraciones propuestas y medidas en defensa del tejido industrial. 

El acto ha sido protagonizado por los líderes de las uniones provinciales de CCOO y UGT; Alfonso Vidán y Juan Antonio Gilabert, respectivamente; el secretario de Economía y Empleo del PSOE de Sevilla y alcalde de El Viso del Alcor, Manuel García; el presidente del PP de Sevilla, Juan Bueno, y Manuel Gutiérrez Arregui, coordinador provincial de IU-CA. La subdelegada del Gobierno en Sevilla, Felisa Panadero; el delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, Javier Fernández; el presidente de la Diputación provincial, Fernando Rodríguez Villalobos; y Aurora Cosano, delegada territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en Sevilla, han participado en el acto. 

El documento firmado por los sindicatos y las fuerzas políticas expone el "difícil momento" que atraviesa la industria sevillana. Y es que en los últimos meses, el tejido industrial de la provincia ha sufrido las deslocalizaciones promovidas por empresas como Roca, Cargill, Panrico o Danone, que han trasladado su producción a otros lugares mediando incluso beneficios en la mayor parte de los casos. La misma situación se vive actualmente con la planta nazarena de Saimaza, perteneciente a la multinacional Mondelez International y cuya producción será trasladada a Italia con el consiguiente cierre de las instalaciones.  

El protocolo firmado este miércoles por los sindicatos y las fuerzas políticas, en ese sentido, da cuenta de que en el periodo 2008/2012 el tejido industrial sevillano ha perdido aproximadamente 16.300 "empleos netos" y cerca de 3.000 empresas. Dado el caso, este protocolo rubricado por los sindicatos y partidos políticos implica la creación de una comisión conjunta cada vez que surja un caso de reducción de plantilla, una caída de la carga de trabajo o un anuncio de cierre de instalaciones. Todo ello para la elaboración de "planes o propuestas de actuación en defensa del sector industrial" que deberán ser trasladados a las administraciones públicas.

"Mensaje" a las multinacionales 

Todo esto implica, en palabras de Juan Antonio Gilabert, "un mensaje para quien esté pensando irse", porque la idea es que las empresas que promuevan deslocalizaciones a partir de ahora "lo tengan complicado". Alfonso Vidán, de su lado, ha apelado a la "responsabilidad social de las empresas" porque los cierres y deslocalizaciones no están justificados "cuando se trata de empresas con beneficios". 

Manuel García, de su lado, ha llamado a no permanecer "impasibles" ante las deslocalizaciones y cierres y ha considerado que este pacto marca un punto de inflexión, un "antes y un después". Manuel Gutiérrez Arregui, además, ha reclamado que este acuerdo "se concrete" con "mecanismos" definidos en las administraciones públicas y "no se diluya en el tiempo", toda vez que Juan Bueno ha manifestado la necesidad de "apoyar" al tejido industrial de la provincia. Igualmente, Juan Bueno ha señalado la necesidad de que el conjunto de representantes de la sociedad civil alcance acuerdos unánimes "con más asiduidad" "Estamos obligados a llegar a muchos más acuerdos", ha dicho. 

El acuerdo, así, constituye un "protocolo" de actuación ante las deslocalizaciones y cierres empresariales en la industria y está destinado a incluir también a las principales administraciones públicas de la provincia.