Su negocio era legal porque la clientela que lo frecuentaba estaba vinculada al mundo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de la Judicatura, con lo que habría sido denunciado muchos años atrás en el caso de que se desarrollaran actividades ilícitas. Éste es el principal argumento con el que se defendió ayer ante la juez uno de los cabecillas de la red de macroprostíbulos desmantelada el pasado mes de febrero en cuatro provincias.

El responsable de tres de los prostíbulos investigados, Ángel R. P., que según los investigadores llevaba el control directo de los clubes Los Daneses, en Sevilla; y Platinium y OH Palace, en la provincia de Cádiz, defendió la legalidad de los negocios que regenta. En su defensa de la actividad que se desarrollaba en estos establecimientos, el imputado afirmó que todo lo que sucedía en los mismos era legal porque, de lo contrario, los numerosos "policías, guardias civiles y jueces" que han frecuentado el establecimiento en las últimas dos décadas tendrían que haber detectado esos delitos y podrían haber denunciado los hechos con mucha antelación y no tantos años después. El responsable de los prostíbulos no dudó en asegurar a la juez que, si lo necesitaba, podría incluso dar los nombres, identificar a estos miembros de la judicatura y de los Cuerpos de Seguridad que visitaban los establecimientos ahora investigados, según han confirmado fuentes del caso.

Aunque el imputado realizó estas declaraciones textualmente, el acta de la declaración no recoge la rotundidad con la que se expresó Ángel R. P., puesto que, según las mismas fuentes, no se hace mención a jueces, policías y guardias civiles, sino a personas "relacionadas con la Administración de Justicia" como las que habrían frecuentado los establecimientos del acusado, sobre todo el club Los Daneses de Sevilla.

Ángel R. P. protagonizó esta misma semana un incidente en los juzgados de Sevilla, después de haber realizado unas manifestaciones en las que supuestamente habría amenazado a la juez que investiga el caso, aunque los hechos nunca fueron denunciados. Sea como fuere, los guardias civiles de los juzgados tenían la orden de que, en el caso de que detectaran la presencia de este imputado, alertaran a la Policía Nacional. Cuando Ángel R. P. entró a los juzgados, rápidamente se alertó a la Policía, que envió a la sede judicial varias unidades del grupo de motos. Los agentes procedieron a identificar a este imputado y, a continuación, le dejaron marchar tras comprobar que no había ninguna denuncia contra él por amenazas.

Los investigadores sospechan y así lo puso de manifiesto el juzgado de Instrucción número 5 de Sevilla cuando ordenó la operación contra la red de macroprostíbulos que Ángel R. P. podría integrar, junto a Emiliano C. C., José Antonio L. J., José F. G. y José A. P., "la cúpula dirigente de la organización criminal", correspondiéndole al primero el control directo de los prostíbulos Los Daneses, OH Palace y Platinium. De la misma forma, la Policía considera que aunque el control de la Sala Colores de Sevilla corresponde a José María F. G., Ángel R. P. también tendrían participación tanto en el capital como en los beneficios de ese club.

La operación policial contra la red de prostíbulos, que llevó a cabo la Unidad de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) de la Policía Nacional, se cerró finalmente con 25 personas detenidas y medio centenar de imputados, en relación con seis clubes de alterne ubicados en Sevilla, Huelva, Cádiz y Córdoba.