El gobierno municipal sacó ayer adelante la ordenanza de ruido en solitario gracias a la mayoría absoluta del PP y lo hizo después de una acalorada bronca con la oposición. El delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Maximiliano Vílchez, tuvo que recurrir al argumento de la ignorancia de sus rivales para defenderse de las críticas y llegó a perder las formas, al decirle a los portavoces del PSOE, Juan Espadas, e IU, Antonio Rodrigo Torrijos, que no tenían "ni puñetera idea" de lo que estaban hablando. 

El enfrentamiento entre el gobierno y la oposición por la ordenanza contra el ruido marcó el inicio del Pleno municipal del mes de julio. Y eso que la sesión comenzado en buena sintonía con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del accidente de Santiago de Compostela. PSOE e IU reprocharon que el ejecutivo local no haya tenido en cuenta los veladores como elementos que emiten ruido y criticaron que se hayan elaborados dos ordenanzas distintas, una para el ruido y otra para los veladores, cuando ambos partidos entienden que debería existir una sola norma. 

Los dos partidos de la oposición criticaron la falta de consenso y de colaboración con los vecinos con la que nace esta ordenanza, así como el hecho de que el texto haya sido elaborado por una consultora externa. "¿Por qué externalizar la redacción de una ordenanza contra el ruido que cuesta 21.000 euros? ¿Acaso no hay confianza en los funcionarios? ¿No hay personal cualificado en la Gerencia de Urbanismo para elaborar la ordenanza? Huele muy mal todo esto", se preguntó Torrijos. 

El PSOE centró sus ataques en el extraordinario poder que la ordenanza concede a la Policía Local para poder sancionar. El texto deja a criterio del policía que intervenga si el nivel de ruido está o no por encima del permitido, sin ni siquiera dotar a los agentes de sonómetros para realizar mediciones. "Eso le vale hoy como titular de prensa: La Policía actuará de manera fulminante... Pero poco más. Pregúntele a los que llaman a la Policía cuando tienen un problema de ruido si se cumple esto o no en Sevilla", expuso Juan Espadas. 

Las críticas a la ordenanza desataron la ira del delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Maximiliano Vílchez, que apeló al desconocimiento de sus enemigos y lo hizo de manera poco elegante. "No tienen ustedes ni puñetera idea de lo que dicen", se defendió, casi a gritos, el concejal de Urbanismo. "¿Se han leído ustedes la ordenanza? ¿Dónde dice que la Policía va a poder cerrar un local? Díganme dónde lo dice. La Policía sólo puede clausurar actividades que no estén legalizadas. Lo que pasa es que ustedes sólo tocan de oído y tienen que meter el dedo en el ojo, aunque lleguen a la contradicción con una norma superior como la de la Junta", insistió Vílchez. 

Fue en ese preciso instante cuando la portavoz de la plataforma Por el Derecho al Descanso, Lola Dávila, que se encontraba entre el público, se levantó, comenzó a aplaudir y dijo, irónicamente: "Gracias por respetar a los vecinos". Dávila se ha mostrado muy crítica con la nueva ordenanza, de la que dice que está "falta de consenso y de seguridad jurídica". 

Vílchez siguió hablando, asegurando justo lo contrario, que la ordenanza ha contado con el acuerdo de varios colectivos, y defendió la contratación de una empresa externa para la redacción por la falta de personal que padece la delegación de Medio Ambiente. "¡De Medio Ambiente, señor Torrijos! ¡Los ruidos son una materia de Medio Ambiente, no de Urbanismo!". Según Vílchez, en este departamento municipal sólo hay dos técnicos especializados en el ruido que emitieron dos informes totalmente contrarios. "Uno presentó cinco puntos y el otro rebatió tres. Y son puntos absolutamente técnicos. Por eso hubo que recurrir a un informe externo, que ha costado 20.000 euros, es cierto, pero les recuerdo que por cada Zona Acústica Saturada se pagaban 40.000 en el mandato anterior. ¡Y hay seis!". Sobre la no inclusión de los veladores, el edil de Urbanismo y Medio Ambiente dejó claro que no tienen por qué estar mencionados explícitamente para que la Policía actúe si generan ruido. 

Vílchez devolvió a Torrijos su ataque sobre el ninguneo a los funcionarios con un golpe doloroso, haciendo referencia a la condena del portavoz de IU por acoso laboral a una empleada municipal. El año pasado, Torrijos fue condenado a pagar 3.000 euros de indemnización a una trabajadora de la Gerencia que lo denunció por mobbing. "Me duele sacarle este tema, señor Torrijos, créame que me duele, pero no me diga que nosotros somos los que no confiamos en los funcionarios", apuntó Vílchez. 

Torrijos intentó mantener el combate pero su respuesta no fue la más afortunada, al decir que la trabajadora que le ganó un pleito por acoso laboral no era funcionaria, sino personal laboral. Posiblemente quisiera decir con ello que respeta a los funcionarios y que aquella condena no tiene nada que ver con su idea del trabajo de éstos. Pero quizás, ya que se metió en el terreno pantanoso, hacía falta una explicación más profunda, puesto que hubo quien entendió que justificaba el acoso porque la víctima no era funcionaria y sí de una categoría inferior. 

Hasta ese momento el portavoz de IU le había plantado cara a Vílchez e incluso le había recriminado que recurriera a expresiones malsonantes como aquello de la "puñetera idea" y al recurso al desconocimiento del rival como falta de argumento. "A usted no le pega determinada versación. No le pega, pero yo no me escandalizo, ni me altero. Aquí aguantamos estoicamente la opinión del contrario", había dicho antes Torrijos. 

Con el edil de Urbanismo asegurando que la ordenanza de ruido que ayer se aprobó es "lo que quiere la calle" terminó el punto más polémico del Pleno de ayer. Una sesión en la que no faltó la anécdota, con la caída del delegado del distrito Sur, José Luis García, y el tropezón posterior del del distrito Este, Ignacio Flores. Hablaba Torrijos entonces. "Yo hablo, pero no hago vudú", advirtió. Por una vez sacó una sonrisa hasta de sus enemigos.